Barcelona.- La Generalitat ha digitalizado más de 100.000 procedimientos judiciales, con más de ochenta mil personas represaliadas, de los tribunales militares franquistas, datados entre 1939 y 1981, con el resultado de que la mitad de los represaliados fueron condenados a muerte.
Esta documentación del Tribunal Militar está depositada en el sótano de la antigua sede de ese tribunal, donde en la actualidad se encuentra la jefatura de la región militar Pirenaica, y se puede consultar tras cursar una instancia.
Más de la mitad de los procedimientos judiciales tuvieron lugar entre 1939 y principios de la década de 1940.
Se ha digitalizado también toda la documentación referente a 2.641 procesados, escogidos en función del estado de conservación de los expedientes, algunos de los cuales estaban deteriorados, y de la relevancia de algunos de los procesados.
Entre los expedientes se encuentran los de personajes relevantes de la historia de Cataluña como el del presidente Lluís Companys o el del arqueólogo, archivero e historiador Agustí Duran y Sanpere.
También los hay de personas anónimas cuyos expedientes se han mostrado hoy, como los de la miliciana Rosario López, de Terrassa (Barcelona) en cuyo expediente figura que "fue vista con arma", que "acompañaba a un pistolero y que poseía una afiliación extremista anterior al Glorioso Movimiento Nacional".
También se ha recuperado la documentación del Consejo de Guerra de 1939 contra Miguel Mestre, secretario del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), con carné de la Unió Socialista de Catalunya, o del juicio sumarísimo contra Concepción Guilera, del desaparecido barrio barcelonés del Somorrostro, en cuyo expediente asoma una foto de la procesada, entre otros.
El Archivo Nacional, que ha coordinado los trabajos que empezaron hace siete años, prevé terminar el trabajo a principios de 2011, una tarea realizada gracias al Departamento de Interior de la Generalitat y al Ministerio de Defensa.
Los trabajos de archivo y conservación mejorarán el tiempo de respuesta y localización de la información que se encontraba previamente en una ficha de cartón, a veces escrita a mano, datos que en el futuro se incorporarán a una base de datos con finalidades estadísticas.
La mayoría de los procedimientos militares de la dictadura se iniciaban a partir de una denuncia tras la que la Guardia Civil interrogaba a la persona acusada y casi siempre la detenía por rebelión militar y le imputaba hechos como afiliación a partidos, sindicatos y entidades diversas, pertenencia al Ejército republicano, expresión de opiniones a través de la prensa o ejercicio de cargos públicos entre otros.
La documentación que generaron los 100.000 procedimientos judiciales militares "sumarísimos" de los tribunales militares franquistas incluye pruebas inculpatorias de testimonios y organismos como la Falange, fotografías, cartas, carnés de afiliación a entidades, salvoconductos o recortes de prensa.
El conseller de Interior, Joan Saura, acompañado del general José Antonio Albiñana, comandante militar de Barcelona, y del presidente del Tribunal Militar Tercero, Santiago Casajús, ha presentado los trabajos y ha considerado que "permiten que no se olvide la historia" y "homenajean a mucha gente que luchó por la libertad y la democracia y fue condenada sin pruebas".
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