Barcelona.- Distribuidores y exhibidores han reclamado hoy un acuerdo marco para desarrollar un plan industrial de cine consensuado con la Generalitat para la puesta en marcha inmediata de una red de cines en catalán y, en un plazo de cuatro años, la digitalización de todas las salas.
Esta petición se ha realizado en el transcurso de la comparecencia de representantes del Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña y la Federación de Distribuidores Cinematográficos en el Parlament con motivo de la tramitación de la ley del Cine, que ha suscitado la polémica ya que obliga a subtitular o doblar al catalán el 50% de las películas que se exhiben en las salas.
Sectores habitualmente enfrentados se han puesto hoy de acuerdo para reclamar la creación de una red formada por exhibidores, distribuidores y administración para aumentar, tal como pide la Generalitat, el exiguo tres por ciento de cine en catalán que se ofrece actualmente.
La red de cines privada que ha propuesto el Gremio de Empresarios a la Generalitat, según su portavoz, Camilo Tarrazón, exhibiría películas en catalán todos los días del año y estaría compuesta, en principio, por 53 salas de las 74 que tiene el gremio y que disponen de tres pantallas, en una de las cuales se proyectaría un filme en catalán, con lo que se alcanzaría un 20 por ciento del total de la audiencia general.
Los exhibidores y distribuidores consideran que la red concertada de exhibición en catalán propuesta en el proyecto de ley les hace competencia desleal.
El Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña representa a 510 pantallas de 53 empresas, más de 2.000 trabajos directos y 20.000 indirectos y tiene un 81% de la cuota de mercado general en Cataluña, según ha señalado ante los diputados Camilo Tarrazón.
Tanto Tarrazón como el presidente de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), Luís Hernández, que ha comparecido en la misma comisión parlamentaria, rechazan de pleno el artículo 18 del proyecto de ley, que establece las citadas cuotas de cine en catalán, porque supone "una tremenda amenaza" para el sector.
La obligación de distribuir películas dobladas o subtituladas preocupa al sector, según Hernández, "porque el negocio no lo aguanta y acabará perjudicado a los espectadores".
"Llevamos 70 años en los que el cine se ha doblado al castellano, y muy bien doblado, y se hace en sociedades radicadas en Barcelona, existe ese hábito y los hábitos de la gente no se cambian por decreto ley", ha afirmado el representante de Fedicine.
Hernández ha pedido la supresión del artículo 18 de una ley que el sector ve como un "castigo".
En el Parlament también ha comparecido hoy el director de Política Lingüística de la Generalitat entre 1996 y 2003, Lluís Jou, quien ha asegurado: "hace doce años fuimos capaces de hacer algo más difícil, un pacto entre caballeros, entre Generalitat y Fedicine y se pasó del 0 al 4% de películas dobladas al catalán, un pacto no escrito, hay un precedente y un antecedente, vayamos por esa senda".
Ante las reiteradas preguntas de los diputados sobre un eventual boicot de las "majors" estadounidenses a la ley, el representante de las distribuidoras de Disney, Universal, Warner, Paramount y 20th Century Fox ha dicho que "el día que salga la ley cada una de las compañías tomará la decisión que considere más oportuna de acuerdo con su política comercial".
"No podemos hablar de boicot, en su caso las compañías utilizarán los recursos que tengan para hacer valer sus intereses y son compañías que tienen espaldas muy fuertes y empujan hasta el final", ha sentenciado Luís Hernández.
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