El productor de "Operación E" confía en que el juez vea el film y rectifique

Madrid, 21 dic.- El productor del film "Operación E", Farruco Castromán, confía en que las autoridades judiciales de Colombia rectifiquen su decisión de prohibir la comercialización de la cinta en este país, una vez visionen la cinta y aprecien que "no atenta contra el honor de nadie" y habla de hechos "públicos".

El productor ha señalado en declaraciones a Efe que el equipo de la película "no se va a rendir" y que presentará un recurso ante las instituciones pertinentes, para que las decisión que se tome sobre su comercialización sea "en base a la película".

La cinta, dirigida por Michel Courtois y protagonizada por Luis Tosar, se estrenó en España el 5 de diciembre y tenía previsto llegar a los cines colombianos en marzo de 2013.

La política y abogada Clara Rojas ya manifestó durante el rodaje que la consideraba un "atropello" por "distorsionar la verdad", y ahora ha conseguido que un juzgado prohíba la comercialización del film.

Durante el rodaje de "Operación E", comenta el productor, se reunieron con Rojas para "aclararle que no estaban narrando hechos de su vida", sino de la del campesino José Crisanto, quien cuidó del hijo de ella durante su cautiverio y a quien compraron los correspondientes derechos de imagen.

Además, previamente al rodaje, el equipo de producción encargó un informe jurídico sobre la figura de Clara Rojas, cuya resolución "descartaba pedirle cualquier permiso o comprar los derechos de su historia", ya que el filme no era relativo a su vida, sino que abordaba "hechos públicos, mundialmente conocidos".

Aún así, ha explicado Castromán, tras su queja pública se reunieron con ella y entablaron una negociación económica para llegar a un acuerdo y evitar una posible denuncia, lo cual prueba que en aquel momento ella "no apreció ninguna intromisión al derecho al honor".

Al productor le sorprende la decisión que ha tomado la justicia colombiana, en especial porque ha sido tomada "como medida cautelar y sin visionar la película", una acción que va contra el "derecho de expresión", añade.

Además varias instituciones colombianas conocían el contenido del guión y nunca mostraron ningún recelo. Entre ellas, el Instituto Cinematográfico de Colombia, dependiente del Ministerio de Cultura, y el departamento de prensa del Ejercito de Colombia.

Castromán cree que Rojas se ha escudado en el derecho al honor de su hijo "porque era el único arma que tenía para bloquear la película", máxime cuando entre los planes de la que fuera candidata a la Vicepresidencia de su país estaba el rodaje de un filme sobre su experiencia.

En el fondo de esta cuestión, el productor teme que haya una voluntad de "callar" la difusión de historias como la de José Crisanto, que tras pasar cuatro años en la cárcel fue recientemente puesto en libertad sin cargos. "Lo que le pasó y lo que cuenta la película es la viva imagen de miles y miles de desplazados en Colombia: es una historia más", ha argumentado.

Además, piensa que la decisión judicial no tiene en cuenta "los daños económicos" que conllevan la prohibición de la comercialización de "Operación E", un filme que tiene a Colombia y España como principal audiencia.