Buenos Aires, 22 sep.- La oposición argentina repudió hoy la decisión de un juez de solicitar a diarios de Buenos Aires datos de los periodistas que escriben noticias sobre la inflación, cuya medición oficial es cuestionada por analistas privados.
"Esto no tiene sostén jurídico. El Gobierno trata de acallar otras voces para mantener su falsedad sobre las mediciones de inflación. Nadie cree en las cifras del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)", afirmó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra en una rueda de prensa.
Según informó hoy el diario El Cronista, en un exhorto con fecha 15 de septiembre, el juez Alejandro Catania pidió nombres, direcciones y teléfonos de periodistas que hayan publicado notas sobre la inflación en el marco de la causa penal que inició el secretario argentino de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, por difundir índices de precios alternativos a los del Indec.
"Moreno destruyó las estadísticas nacionales y ahora quiere presionar a los periodistas. No vamos a aceptar un país sin libertad. Le damos la oportunidad al juez de que revise su decisión y haga las cosas en el marco de la Constitución", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich.
Por su parte, el legislador del peronismo disidente Gustavo Ferrari instó a los periódicos que recibieron la solicitud a que "reclamen precisiones y rechacen el pedido".
"No tiene derecho el juez a pedir los datos de los periodistas porque eso termina en una investigación de las fuentes, de la información que los periodistas toman", añadió la diputada radical Silvana Giudici.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó hoy su "grave preocupación y enérgico repudio" por la orden de Catania e indicó que "la individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de cumplir con su tarea constituye una indudable presión intimidatoria sobre dichos profesionales".
"Esto conlleva un riesgo claro de censura indirecta y de potencial restricción a la libre información de la ciudadanía", sostuvo un comunicado de la entidad.
"Medidas como la del juez Catania contribuyen a crear un clima de persecución a quienes quieren ejercer la labor periodística de manera independiente, sin tutelaje ni control estatal, como lo garantiza nuestra Constitución", añadió.
Las estadísticas oficiales de inflación argentinas han sido fuertemente cuestionadas por analistas privados desde enero de 2007, cuando se introdujeron cambios metodológicos en la medición.
Varias consultoras privadas calculan que la inflación real más que duplica a la que informa el Indec, pero han sido multadas por la Secretaría de Comercio Interior para evitar que difundan sus propias mediciones, un asunto que se dirime en la Justicia y en el que interviene el magistrado Catania.
Por esta situación, un grupo de diputados opositores decidió tomar las diferentes mediciones privadas, elaborar un promedio y difundirlo públicamente.
Según los datos difundidos este mes por este grupo de parlamentarios, los precios subieron en julio un 1,87 % respecto de julio y un 23,6 % frente al octavo mes de 2010.
El Indec, en cambio, cifró las subidas de agosto en un 0,8 % respecto al mes anterior y un 9,8 % en comparación con el mismo mes del ejercicio pasado.
De acuerdo con datos gubernamentales, los precios al consumidor subieron un 10,9 % en 2010, aunque estudios privados triplicaron el porcentaje oficial.
Para 2011 el Gobierno prevé que la inflación será del 8,9 %, mientras que consultores privados vaticinan que el alza será cercana al 30 %.
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