485 Años para los etarras del Otazua por el asesinato del brigada Luis Conde

Madrid, 15 oct.- La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 485 años de cárcel a cada uno de los tres integrantes del comando Otazua por el asesinato, el 22 de septiembre de 2008, del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz con un coche bomba colocado en el Patronato Militar de Santoña (Cantabria).

La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impone esta elevada pena a Iñigo Zapirain, Beatriz Etxeberria y Daniel Pastor, porque la detonación del coche bomba, cargado con 100 kilos de explosivo, se produjo en mitad de la noche, "lo que aumentó el pánico y el desvalimiento de las víctimas" y el aviso de su colocación se produjo tan solo 35 minutos antes de que estallara.

"La muerte del brigada -destaca la sentencia- fue especialmente cruel, cayó destrozado por la metralla y todavía agonizante ante su esposa", que cuando compareció en el juicio relató también el caos vivido en la evacuación de los militares heridos y por ello el tribunal sugiere que se aprovechen sus manifestaciones para establecer protocolos de atención a las víctimas en caso de catástrofes de este tipo.

Los 485 años para los autores de este atentado resultan de la condena a cada uno a 30 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista, 20 años de prisión por cada uno de los doce delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, 15 años por casa uno de otros trece delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y 20 años de cárcel por un delito de estragos.

La sentencia establece también una indemnización de 250.000 euros a su viuda y la misma cantidad a su hijo Iván.

Para los magistrados, "la intencionalidad de los acusados", según se desprende "de la magnitud de la bomba", era causar "la muerte de cualquier persona que se pudiese encontrar en las inmediaciones, especialmente entre el personal del patronato", en ese momento ocupado por 26 personas, de las que 13 eran militares.

Además, "existió especial perversidad en la forma de ejecutarlo", ya que la llamada que hicieron de aviso fue a la DYA de Guipúzcoa y sólo 35 minutos antes de la hora prevista para la explosión, y el coche, colocado junto a la puerta principal, vía de salida ordinaria, tenía las matrículas de un vehículo de la misma marca y modelo, para evitar ser detectado".

La explosión alcanzó al brigada "en el momento en que trataba de salir por la puerta, seguido de su esposa" y aunque llegó a ser trasladado con vida al centro de salud de Santoña, "la gravedad de las heridas provocaron su fallecimiento".

Su mujer, Lourdes Rodao, "a la que el personal sanitario no permitió acompañar a su marido en la ambulancia, y que también había resultado herida, trató sin éxito de encontrar el lugar al que había sido trasladado su marido, sin recibir información", recoge la sentencia.

Por ello cree el tribunal que la declaración de la esposa en el juicio "es ilustrativa del caos y desorganización de esos primeros momentos y del dolor padecido por las víctimas", por lo que sería necesario un protocolo para este tipo de situaciones.

El asesinato de Luis Conde fue de los últimos perpetrados por ETA ante de proclamar el cese de la lucha armada y se produjo a manos del mismo comando que asesinó con una bomba-lapa al inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya), atentado por el que sus miembros ya han sido condenados a 45 años de cárcel cada uno.

La sentencia considera probado que para la comisión del atentado en Santoña la organización terrorista proporcionó al comando desde Francia un vehículo cargado con explosivos que había sido sustraído en suelo galo.

El 20 de septiembre, los tres miembros del comando recogieron el vehículo en Vitoria y al día siguiente, después de preparar el coche bomba, se dirigieron con él a Santoña y a las 14.30 horas lo dejaron "aparcado en batería cerca de la puerta de entrada del patronato militar, con el maletero orientado hacia la puerta del edificio" y pusieron el temporizador para que explosionara a la una de la madrugada siguiente.

La explosión, además de la muerte del brigada y de herir a 25 personas, causó daños materiales en el Patronato valorados en más de 5 millones de euros.