AMNISTÍA DENUNCIA QUE NIÑOS DE OCHO AÑOS EXTRAEN ACEITE DE PALMA PARA PRODUCTOS DE GRANDES MARCAS

- Unilever, Nestlé y Colgate, entre las multinacionales señaladas por una investigación de Amnistía Internacional. Algunas de las empresas de alimentación y productos para el hogar más populares del mundo venden alimentos, cosméticos y otros artículos de uso diario que contienen “aceite de palma manchado por estremecedores abusos contra los derechos humanos en Indonesia, donde niños de sólo ocho años trabajan en condiciones peligrosas”, según denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe.
El informe, titulado ‘El gran escándalo del aceite de palma: abusos laborales detrás de grandes marcas’, investiga las plantaciones de aceite de palma en Indonesia gestionadas por el mayor productor de aceite de palma del mundo, la empresa agroalimentaria Wilmar (con sede en Singapur) y sigue el rastro de este producto en hasta nueve empresas de ámbito global: Afamsa, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever.
“Las empresas miran hacia otro lado ante la explotación de trabajadores y trabajadoras en su cadena de suministro. Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos. Estas conclusiones sorprenderán al público consumidor que piensa que toma decisiones éticas en el supermercado cuando compra productos que dicen usar aceite de palma sostenible”, aseguró Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional.
Abraham indicó que “gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’”, pero añadió que las investigaciones de AI revelan que “dista mucho de serlo”.
“El aceite de palma que se produce usando trabajo infantil y trabajo forzoso no tiene nada de sostenible. Los abusos descubiertos en las actividades de producción de aceite de palma de Wilmar no son incidentes aislados sino hechos sistémicos y una consecuencia predecible de la práctica empresarial de Wilmar”, apuntó.
Abraham recalcó que “algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el atroz trato que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, que además ganan una miseria”.
“AMPLIA VARIEDAD DE ABUSOS”
Amnistía Internacional hará campaña para pedir a las empresas que digan a sus clientes si el aceite de palma que contienen productos populares como el helado Magnum, el dentífrico Colgate, los cosméticos Dove, la sopa Knorr, el ‘snack’ Kit Kat, el champú Pantene, el detergente Ariel, y los vasos de fideos Pot Noodle proceden de las actividades de Wilmar en Indonesia.
AI habló con 120 personas que trabajan en plantaciones de palma propiedad de filiales de Wïlmar y tres de sus proveedores en Kalimantan y Sumatra (Indonesia) y extrajo “una amplia variedad de abusos”, como obligar a las mujeres a trabajar muchas más horas bajo la amenaza de reducir su salario (se les pagan cantidades inferiores al salario mínimo y en casos extremos se embolsan apenas 2,5 dólares diarios) y que niños de entre 8 y 14 años hacen trabajo físico “duro y peligroso”, en algunos casos tras haber dejado de asistir a la escuela para ayudar a sus padres en la plantación.
Trabajadores que sufren graves lesiones debido al ‘paraquat’ (una sustancia química tóxica que se utiliza en las plantaciones pese a estar prohibida en la UE y por Wilmar), obligar a trabajar al aire libre sin equipos de seguridad adecuados pese al riesgo de sufrir daños respiratorios derivados de los peligrosos niveles de contaminación causados por los incendios forestales de agosto a octubre de 2015 e instar al trabajo muchas horas para cumplir objetivos “absurdamente altos”, con tareas muy exigentes como usar equipos manuales pesados para cortar frutos de árboles de 20 metros de altura.
LEGISLACIÓN LABORAL RIGUROSA
El informe indica que Wilmar reconoció que tiene planteados problemas laborales en sus actividades, pese a lo cual tres de los cinco ‘palmicultores’ a los que Amnistía Internacional investigó en Indonesia están certificados como productores de aceite de palma “sostenible” en virtud de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, organismo creado en 2004 para limpiar el sector del aceite de palma tras los escándalos medioambientales.
“Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar”, afirmó Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos de AI.
Por otro lado, investigadores de Amnistía Internacional utilizaron información y datos sobre exportaciones publicados por Wilmar para seguir el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas productoras de alimentos y artículos para el hogar de ámbito mundial.
Al ser contactadas, siete de estas empresas confirmaron que compran aceite de palma procedente de las actividades de Wilmar en Indonesia, pero sólo dos (Kellogg’s y Reckitt Benckiser) se mostraron dispuestas a aportar algún detalle acerca de qué productos estaban afectados.
“Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos. Deben revelar la procedencia de las materias primas de los productos que encontramos en los estantes de nuestro supermercado. Hasta ese momento, estarán de alguna manera beneficiándose de los abusos laborales que se cometan y contribuyendo a ellos. Las empresas muestran una absoluta falta de respeto por una clientela que piensa que toma decisiones éticas cuando paga en caja esos artículos”, indicó Joshi.
Indonesia dispone de una legislación laboral rigurosa en virtud de la cual la mayoría de estos abusos pueden ser constitutivos de delito. Sin embargo, la aplicación de las leyes es deficiente, por lo que Amnistía Internacional pide al Gobierno de este país que mejore la aplicación de la ley y que investigue los abusos que se exponen en el informe.