En una nota remitida por la Junta de Andalucía se ha señalado que el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, y la alcaldesa aljaraqueña, Yolanda Rubio, han firmado este viernes el convenio de cooperación para la puesta en marcha del programa en la localidad tras alcanzar la cifra de 20.000 habitantes, a partir de la cual asume las competencias en materia de servicios sociales.
En virtud de este acuerdo, la Junta, a través de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, es la responsable de la financiación y de prestar la colaboración y el apoyo técnico necesario, mientras que el consistorio "se ocupa de su ejecución y desarrollo" mediante la constitución del equipo de tratamiento familiar, integrado por profesionales de las áreas de la psicología, trabajo social y educación social, que se encarga de aplicar las intervenciones y atender a las familias participantes.
La aportación económica de la administración autonómica asciende inicialmente a un total de 59.204 euros, cantidad que se prorrogará posteriormente en periodos anuales.
Con motivo del acto organizado para la firma del convenio, el delegado territorial del ramo ha mostrado su "satisfacción" por la extensión de este servicio a nuevos municipios de la geografía onubense, "posibilitando así un incremento en su capacidad de cobertura", a la vez que ha destacado el "compromiso" de la Junta "con el refuerzo de todas aquellas medidas enfocadas a apoyar a las familias que más lo necesitan".
El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo.
Por otro lado, se pretende promover, "cuando sea posible", la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo y de reunificación familiar.
La realización es posible gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y las corporaciones onubenses con competencias en esta área: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, a los que se acaba de sumar el de Aljaraque --todos ellos con más de 20.000 habitantes-, así como la Diputación, que lo presta en los municipios con menos habitantes.
Dichos convenios van acompañados de una partida de la Junta de 1.225.935 euros que supone el 75 por ciento del coste total y que se destina a sufragar los 12 equipos de tratamiento familiar que llevan a cabo el programa en la provincia. Con la incorporación de Aljaraque se elevarán a 13, así como a 41 el número de profesionales que los componen.
La labor preventiva de estos equipos, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11 por ciento en el número total de medidas de protección de menores decretadas por la Junta.
NUEVO DECRETO
En aras de reforzar y asegurar la continuidad del programa, este año la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha aprobado un nuevo decreto que lo regula y otorga rango normativo, entre cuyos avances destaca la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto de la autonomía local.
Un total de 404 familias y 730 menores en riesgo fueron atendidos el año pasado por los equipos de tratamiento familiar, según la memoria de actividad del programa.
Las familias destinatarias presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se han adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo social presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de cuatro a seis años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida continúa siendo aproximadamente de dos. Las personas usuarias son derivadas tanto de los servicios sociales comunitarios como del servicio de Protección de Menores de la delegación territorial.
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