Ambientalistas argentinos realizaron este domingo su marcha anual contra una planta de celulosa que se levanta en Uruguay en la ribera de un río fronterizo, al sostener que causa daño ambiental.
Cientos de pobladores de Gualeguaychú, 230 km al norte de Buenos Aires, ciudad argentina sobre el limítrofe Rió Uruguay, frente a la cual se levanta desde 2007 la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia), se concentraron en el ingreso al puente internacional que une esa ciudad con la uruguaya Fray Bentos.
La denominada Asamblea Ciudadana Ambiental pidió en una proclama que el presidente Mauricio Macri "defina claramente qué política aplicará en este conflicto, no sólo por la salud de una vasta región que está en juego, sino por la soberanía nacional".
La canciller argentina, Susana Malcorra, consideró el sábado que "cíclicamente hay ciertas fechas en las cuales las tensiones se ponen más altas" como este domingo, pero citó culpas compartidas.
"Es cierto que la génesis de esta tensión se dio alrededor de las 'pasteras'; la realidad es que hemos maltratado al río Uruguay mucho más allá de las pasteras, de un lado y del otro estamos tirando afluentes que son altamente contaminantes", dijo la ministra a Radio Continental.
Malcorra, consideró que "la pastera es un llamado de atención de que tenemos que ser más responsables con el uso de los recursos hídricos".
"Lo de la pastera es un caso puntual que nos preocupa, que fue tema central de la reunión" que sostuvieron en enero Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez.
"Pero desde el punto de vista de la gestión, desde ambos gobiernos, estamos trabajando en este sentido", afirmó.
La construcción y puesta en marcha de la planta generó una crisis diplomática entre los países vecinos y socios del Mercosur.
En 2005 se produjo la primera marcha masiva de protesta y entre 2006 y 2010 ambientalistas mantuvieron bloqueado el puente binacional.
En 2010, el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner llevó la controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en una inédita crisis diplomática.
Pero el tribunal rechazó su demanda de relocalizar la planta al afirmar que no había pruebas de que contaminara.
La CIJ ordenó que ambos países controlaran de manera conjunta el impacto ambiental en el río Uruguay.
En 2014 un nuevo foco de tensión bilateral se generó cuando Uruguay autorizó un incremento de la producción de 100.000 toneladas anuales.
Argentina lo consideró como "gesto inamistoso" al citar que esa decisión se contrapone con el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975 y que establece decisiones compartidas en todo lo que pueda afectar al curso del río.
A la marcha de este domingo asistió el director de Recursos Hídricos de la Nación, Osvaldo Fernández, en representación del gobierno.
En cambio, estuvo ausente el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, habitual asistente a la convocataria que se realiza en forma anual bajo el lema "Por nuestra vida, por el planeta, fuera Botnia".
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