Precisamente este jueves, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que la investigación que lleva a cabo su departamento en la DGT aprecia "indicios de responsabilidad" por parte de la exdirectora del organismo, María Seguí, en la adjudicación de proyectos de investigación a un equipo de la Universidad de Zaragoza con el que colaboraba su marido, y cuyo valor asciende a casi 50.000 euros.
Fernández Díaz ha indicado que las pesquisas realizadas hasta ahora dejan fuera que otros funcionarios de Tráfico tuvieran responsabilidad alguna en las presuntas irregularidades y que, en caso de haberlas, podrían constituir un posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de Altos Cargos, previstas en la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado vigente entre 2012 y 2013.
Sin embargo, a juicio del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, se debería "profundizar más" en la investigación, porque encuentra "decepcionante" que el ministerio juzgue que la concesión de los proyectos "solamente afecte a una incompatibilidad".
"Es contradictorio porque dice que, con respecto a los contratos menores con la Universidad de Zaragoza, que ahí no hay ninguna irregularidad", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.
En todo caso, ha pedido a Interior que no limite la investigación al caso de los proyectos de la Universidad de Zaragoza sino que la extienda también al caso del presunto amaño de los concursos públicos para la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir, que llevó a la dimisión de la exsubdirectora de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera.
Según Arnaldo, lo apropiado sería investigar este último caso desde la implantación del actual sistema de concesiones, para determinar si anteriores administraciones de la DGT incurrieron en las mismas irregularidades que, presuntamente, habría llevado a cabo Carrera, que fue grabada en una reunión con el presidente de CNAE, José Miguel Báez, en la que este último supuestamente le dictaba cuáles eran las condiciones que debían reunir quienes optaran a la adjudicación de los cursos.
Por su parte, el presidente de Mutua Motera, Juan Manuel Reyes, ha preferido esperar a "conocer los detalles de la investigación" antes de valorar las declaraciones de Fernández Díaz.
Aún así, ha advertido que, en caso de confirmarse la responsabilidad de Seguí, desde la organización "no pueden más que estar de acuerdo con el cese o la dimisión que se ha producido", que, según ha indicado, sería resultado de las denuncias que venían haciendo tanto Mutua Motera como miembros de la Universidad de Zaragoza.
DIA: "NO LO HIZO CON MALA FE"
En cambio, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico DIA, Francisco Canes, se ha mostrado convencido de que la exdirectora de la DGT "no lo hizo con mala fe", en relación a la adjudicación de los proyectos de investigación al equipo de la Universidad de Zaragoza.
"Creo que cualquier persona con dos dedos de frente, si sabe que puede ser incompatible esta situación y que puede ser conocido, no lo hubiese hecho, lo cual demuestra un poco de bisoñez por parte de la directora. En este tema no le achacamos mala fe a la directora, quizá un exceso de confianza y de bisoñez", ha valorado.
Canes ha asegurado que desde la organización "no cuestionan en ningún caso la honradez" de María Seguí y creen que pese a "ser algo importante", lo que cuestionan es su gestión en el área de Seguridad Vial porque "son mucho más graves los muertos en la carretera".
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