Barcelona testará fórmulas de una renta mínima con 1.000 hogares del Besòs y 13 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha en septiembre una prueba piloto para testar diversas fórmulas de una renta municipal de inserción, mediante un proyecto con 1.000 hogares de los diez barrios del eje Besòs, al que destinará 13 millones de euros, con 4,85 de ellos aportados por la UE.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que, según los estudios previos, el cesto de necesidades en la ciudad tiene un coste de entre al menos 400 euros y 525 --excluidos los gastos de vivienda, que no se incluyen por su actual "volatilidad"--, y que esta renta garantizará este mínimo, que todavía debe concretarse, restando lo que pueda cobrar el beneficiario hasta alcanzarlo.

El objetivo es ensayar durante 24 meses cuatro tipos de renta de inclusión diferentes para comprobar su impacto, su eficacia y si desincentivan el acceso al mercado laboral, testando una renta condicionada a que la persona haga una proceso de inserción; otra no garantizada; una que sea compatible con otros ingresos, y una incompatible que se retire si se encuentra un empleo.

Ha destacado que este proyecto, llamado B-Mincome e impulsado a través de Urban Innovative Action, es pionero en Europa, porque nunca se había comprobado científicamente el impacto de estos cuatros tipos de renta y si desincentivan o no el acceso al mercado laboral, y el Ayuntamiento se coordina con otras pruebas piloto similares que se llevan a cabo en Utrecht, Ontario y Finlandia.

La renta se combinará con cuatro tipo de políticas públicas, ya sean voluntarias u obligatorias: la participación de planes de empleo --con colaboración de Barcelona Activa y entidades de los barrios--; programas de emprendeduría social; colaboración con actividades comunitarias para mejorar la red relacional, y apoyo a la rehabilitación para impulsar programas de convivencia y vivienda compartida.

BENEFICIARIOS

Los 1.000 hogares se escogerán con un sistema aleatorio y estratificado, seleccionando a sus beneficiarios de entre los usuarios de los centros de servicios sociales, el Servicio de Inclusión Social (SIS), participantes del programa Làbora, y receptores de la renta para familias con hijos de hasta 16 años, a la que se destinaron 22 millones en 2016 para cerca de 20.000 menores.

Los beneficiarios deberán acumular al menos dos años empadronados en la ciudad y residir en algunos de los barrios del eje Besòs, y una de las personas del hogar deberá tener entre 25 y 60 años, para lograr este objetivo de evaluar la importancia de los incentivos para acceder al mercado laboral según el tipo de renta.

El director de Planificación e Innovación del área de Derechos Sociales, Lluís Torrens, ha señalado que calculan que en los diez barrios de este eje hay entre 4.000 y 5.000 hogares que cumplen estas condiciones, y ha defendido que la iniciativa avanza hacia un modelo que permite "salir de la perspectiva asistencialista y pasar al concepto de derecho".

El coordinador del proyecto Urban Innovative Actions, Raffaele Barbato ---que no ha podido asistir al acto pero ha intervenido mediante un vídeo--, ha señalado que la iniciativa representa algo totalmente nuevo en Europa, y ha dicho que pretende "cambiar radicalmente y revolucionar" el modelo de ayudas y renta.

Por su lado, el director del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), Marc Balaguer, ha destacado que evaluarán los resultados y la evolución del proyecto junto a otras entidades, analizando los efectos sobre la pobreza, la inclusión, el empleo y la autonomía.

"Queremos garantizar que todas las personas residentes en la ciudad dispongan de unos ingresos mínimo, que la Generalitat y el Estado" no están garantizando, ha dicho Ortiz, que ha detallado que existen 68 rentas monetarias y otras 73 no monetarias de Govern y Estado --a las que se deben sumar las del Ayuntamiento--, lo que evidencia una gestión de los recursos públicos que no es buena, según ella.

Ortiz ha resaltado que el espacio geográfico mínimo para activar esta renta de inversión sería el área metropolitana de Barcelona, pero que el idóneo sería en toda Catalunya, y ha recordado que el Govern prevé impulsar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras un acuerdo con las entidades impulsoras de la medida, sobre la que ha pedido que no excluya otras ayudas, como la destinada a familias con menores de la ciudad.

Además del Ayuntamiento y la UE, el proyecto contará con la colaboración de The Young Foundation, Fundació Novact, Ivàlua, IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y, para elaborar los estudios previos, ha contado con datos de la Agencia Tributaria a nivel de barrio y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre otros.