Así lo ha señalado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por Podemos, en la que la consejera ha esgrimido que "una persona que veja e insulta a una mujer" no tiene derecho a compartir tiempo y espacios con sus hijos y ha sostenido que si en esta cuestión "lográramos unanimidad, habríamos avanzado mucho en los puntos de encuentro familiar".
Broto ha comentado que el 70 por ciento de las mujeres "escapan de la violencia a través de la separación o el divorcio" y ha explicado que actualmente parar lograr la atención psicológica de los menores víctimas de violencia "tienen que autorizar de la madre y el padre", es decir, que se exige al padre que autorice la atención psicológica por el maltrato que él propicia, algo que también ha pedido modificar.
La consejera ha asegurado que el protocolo por violencia de género en Aragón "es excelente" y también los profesionales que trabajan en los puntos de encuentro familiar, con una "vigilancia y protocolos especiales" en casos de violencia de género.
No obstante, tras el asesinato este verano de una mujer a manos de su expareja en las inmediaciones de uno de estos espacios, en Zaragoza, ha indicado que "hemos tenido mayor celo para revistar el protocolo".
Con esta finalidad, ha habido más de diez reuniones de la comisión interinstitucional contra la violencia de género, y en tres de ellas se ha tratado sobre los puntos de encuentro familiar. Finalmente, se ha aprobado la modificación del protocolo y "se está a la espera de que el Ministerio Fiscal lo apruebe", ha dicho la consejera.
Broto también ha explicado que también ha habido reuniones con las autoridades judiciales y se les ha pedido que cuando una sentencia judicial determine que se ha de acudir a estos puntos de encuentro se incluyan "las normas de funcionamiento" de los mismos para que quienes lo usen "los conozcan" y que, "cuando se considere necesario", se determine que le entrega o recogida de los menores "se haga acompañada de otra persona".
OTRAS MEDIDAS
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales también se ha reunido con responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fijando "medidas concretas" que "no les debo contar", además de que ha opinado que estos deberían contar con "más efectivos".
Broto ha remarcado que el objetivo final es "tener la máxima seguridad" y ha indicado que en 2016 un total de 1.049 niños han usado los puntos de encuentro en Aragón y 741 familias y han permitido la relación con 2.692 personas ya que no solo acuden a ellos los padres y madres, sino otros miembros de la familia extensa.
Asimismo, ha enfatizado que "cuando hablamos de mujer y violencia de género es importante la unidad y el pacto de Estado", también en materia de prevención para evitar que se den estos casos.
La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha coincidido en que la custodia compartida no debe ser la opción preferente cuando hay antecedentes de violencia machista y sobre los puntos de encuentro familiar ha estimado que "seguimos teniendo el problema de la seguridad" y ha pedido renovar el protocolo "para asegurar la integridad física de las víctimas" de violencia de género.
Además, ha cuestionado el número de trabajadores de las entidades que los gestionan, ha opinado que los "perfiles y titulaciones están poco claros en el decreto", ha querido saber si las mujeres siguen acudiendo solas o pueden ir acompañadas, así como si hay encuestas de calidad, informes de evaluación e inspecciones periódicas.
TRABAJO CONJUNTO
La diputada del PP, Ana Marín, ha dado la "enhorabuena" al Departamento "por el trabajo que está haciendo junto con la Delegación del Gobierno" en esta materia, ha apelado a la "unidad" en esta cuestión y se ha interesado por las medidas fijadas para los menores víctimas de violencia.
La parlamentaria del PSOE, Pilimar Zamora, ha recordado que existe una comisión de violencia de género, que es "donde debemos intercambiar opiniones y proponer", ha señalado que se está llevando a cabo una labor de "revisión, mejora y fortalecimiento del protocolo" y ha sostenido que "urge el pacto de Estado" y que los presupuestos "estén por encima de vaivenes políticos".
La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué ha apelado a una "unidad sin fisuras" para trabajar y reforzar "todos los sistemas de seguridad a las mujeres víctimas de violencia para asegurar su vida" y ha recordado que existe una mesa especial en las Cortes "donde hablar de estas y muchas otras cosas", aunque "parece que a alguien le guste que haya micrófonos para poder decir ciertas cuestiones ".
La parlamentaria de Ciudadanos (Cs), Desiré Pescador, ha manifestado que hay realizar una revisión la normativa, ha preguntado "cómo se gestionan los tiempos de espera en las entregas y recogidas" de los menores en los casos de violencia de género y si se ha valorado la posibilidad de la presencia continua de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en estos lugares.
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha expresado su "desacuerdo" con el uso de estos puntos cuando hay medidas judiciales por maltrato ya que los maltratadores "no deberían tener derecho a visitar a sus hijos" porque "no pueden ser un buen padre o buen ejemplo para sus hijos".
Por su parte, la parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha dicho que hay que modificar la ley de custodia compartida y que los puntos de encuentro familiar funcionen "con garantías, calidad y seguridad".
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