Con esta iniciativa, presentada por el el PP en la Cámara baja, se busca dar solución al problema creado en el año 2015, cuando se modificó el artículo 56 del Código Civil, extendiendo a las personas con discapacidad visual y auditiva la necesidad de contar con un dictamen médico previo que certificara la validez de su consentimiento a la hora de contraer matrimonio.
En ese momento, el CERMI y sus organizaciones miembro denunciaron esta regresión legal y desde entonces ha presionado para que se corrija legalmente este "retroceso" para que "ninguna persona con discapacidad se vea perjudicada en el ejercicio de sus derechos de contenido civil".
La proposición de ley del PP, cuya toma en consideración se debate este jueves, fue acordada por el CERMI con el Ministerio de Justicia y el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, tras un "arduo" proceso de negociación al efecto, según ha informado esta organización en un comunicado.
Con esta reforma, se resolverían los problemas denunciados y se establecería un régimen legal respetuoso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España firmó hace ya diez años. Además, esta reforma de 2017 corregiría, a juicio del CERMI, con la "discriminación histórica que arrastran las personas con discapacidad intelectual en el acceso al matrimonio".
El CERMI plantea también a los grupos políticos del Congreso que la iniciativa se tramite con la mayor celeridad para que pueda estar aprobada antes de finales de junio de 2017, fecha en que entraría en vigor la reforma de 2015, para no tenga ningún efecto práctico.
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