EL CONGRESO DEBATE HOY EL DECRETO QUE PROHÍBE CORTAR LA LUZ A HOGARES VULNERABLES

El Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy el real decreto ley por el que se regulan el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
Esta norma establece la prohibición de cortar el suministro eléctrico a los consumidores que tengan la condición de vulnerables severos, aunque ésta todavía no es efectiva ya que debe esperarse a la aprobación del reglamento que la desarrolla.
Según lo recogido en este texto normativo, se ha creado una nueva categoría en la lista de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales (que no se pueden cortar), que incluye a los suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas por hallarse en riesgo de exclusión.
Estas prohibiciones de corte de suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las administraciones públicas.
Por otro lado, el decreto modifica la definición de consumidores vulnerables para incluir distintos colectivos de vulnerables atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo y a los umbrales de renta.
Así, la definición de estas categorías de hogares vulnerables responderá también a otros factores en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o personas con discapacidad, entre otras cuestiones.
En consecuencia, el valor base sobre el que se aplique el bono social podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y aunque seguirá denominándose tarifa de último recurso, podrá haber más de una.
Además, se amplía hasta cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para algunos consumidores vulnerables, que se deberán determinar reglamentariamente.
El decreto da un plazo de tres meses, tras su convalidación en el Congreso de los Diputados, para que el Gobierno desarrolle su reglamento, lo que supone que todas estas novedades no serán aplicables hasta entonces.