En un informe elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Pública Madrileñas (CRUMA), los rectores de las universidades públicas consideran positivo el impulso de esta ley y en este sentido proponen una serie de modificaciones con "espíritu constructivo".
Al respecto, consideran que en la actual redacción de la normativa "no queda claramente definido lo que es, o debería ser, el servicio público universitario" en la Comunidad de Madrid y los "servicios mínimos con calidad regulada".
Por ello, los rectores reclaman mayor definición de las tareas de docencia, investigación e innovación "evitando el riesgo" de considerar como tal a un modelo de "academia" o "college", "carentes de investigación e innovación y transferencia".
Para la CRUMA, la versión actual muestra, a su juicio, que el anteproyecto está planteado "más como regulación de las universidades públicas que del servicio público universitario". "Creemos necesaria una mayor presencia en su articulado de referencias a la innovación y transferencia de conocimiento como componente del servicio universitario".
Asimismo, entienden que el doctorado tiene que ser un "requisito imprescindible" en la oferta de estudios universitarios para el establecimiento de nuevas universidades mientras que el texto, en su opinión, lo deja en "un simple nivel de promesa, sin aclarar qué ocurrirá en caso de incumplimiento".
Respecto de las titulaciones de grado y máster exigibles para la creación de una nueva universidad, el texto presentado indica que solo sería necesario ofertar un mínimo de diez.
"Este número parece claramente insuficiente, en especial porque no hay referencia alguna sobre el número de los ámbitos (ramas y áreas de conocimiento) o el nivel de las mismas (si han de ser de grado, de máster o de ambos)", enfatiza el documento.
A su vez, exponen que el anteproyecto "atribuye" al Consejo Social competencias que parecen estar relacionadas con "interpretaciones de control" sobre organismos autónomos de la administración, cuya naturaleza "nada tiene que ver con la de las universidades públicas".
"Ello conduciría a reabrir un debate --improcedente en cuanto a la definición y calidad del servicio público universitario-- sobre el equilibrio en el que prevalece la autonomía universitaria en cada reorganización del sector público. En consecuencia, los rectores de las universidades públicas madrileñas recomendamos dejar fuera de la LEMES toda modificación relativa a los Consejos Sociales", exponen.
CLARIFICACIONES EN LA FINANCIACIÓN
En lo referente a la financiación de las universidades, la CRUMA afirma que el texto debería explicitar "con claridad" que la financiación con cargo a los presupuestos de la Comunidad tiene que ser "únicamente" para las universidades públicas de Madrid.
Por otra parte, indican que el borrador de anteproyecto debería definir con mayor claridad qué conceptos se incorporan al capítulo de la "financiación básica u operativa".
En todo caso, la CRUMA cree que habría que hacer referencia a la recuperación de una cuantía "mínima" inicial igual a la existente con anterioridad a los "recortes derivados" de la crisis económica y un capítulo específico para inversiones.
A su vez, el texto actual del anteproyecto "debería contemplar asimismo que las mejoras realizadas por financiación variable a las universidades públicas se fueran incorporando a su financiación básica u operativa, como consecuencia de los cambios estructurales producidos por las mismas".
Los rectores de las universidades públicas madrileñas también aprecian que el borrador "no contiene referencias" a la dotación de un sistema de becas para los estudiantes, ni al establecimiento de tasas y precios públicos "asequibles" para el acceso y la continuación de la formación superior en sus diferentes niveles, "situación que posiblemente se deba a esa falta de clarificación en la definición del servicio universal en el contexto del correspondiente servicio público".
"En consecuencia, sería conveniente modificar el texto para incluir estos aspectos, junto con otros relacionados con el significado y las posibles fórmulas de reconocimiento de créditos entre titulaciones de diferentes universidades, en el marco que propone el anteproyecto sobre movilidad de los estudiantes dentro de la Comunidad de Madrid", concluyen.
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