Cantabria declara Zonas Especiales de Conservación 14 LIC y aprueba sus planes de gestión

  • 5 LIC litorales y 9 fluviales se transforman en ZEC conforme a las directrices europeas ((Atención abonados, esta información amplía la enviada anteriormente sobre Acuerdos del Consejo de Gobierno, en lo referido a este punto)).
Cantabria declara Zonas Especiales de Conservación 14 LIC y aprueba sus planes de gestión
Cantabria declara Zonas Especiales de Conservación 14 LIC y aprueba sus planes de gestión
EUROPA PRESS
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5 LIC litorales y 9 fluviales se transforman en ZEC conforme a las directrices europeas

((Atención abonados, esta información amplía la enviada anteriormente sobre Acuerdos del Consejo de Gobierno, en lo referido a este punto)).

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves los decretos por los que se declaran Zonas Especiales de Conservación (ZEC) un total de catorce Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Cantabria, incluyendo sus correspondientes planes de gestión.

No se trata de la declaración de nuevos espacios protegidos en territorios que hasta ahora no lo eran, sino de la transformación en ZEC de los cinco LIC litorales existentes en nuestra región: Rías Occidentales y Duna de Oyambre; Dunas de Liencres y Estuario del Pas; Dunas del Puntal y Estuario del Miera; Costa Central y Ría de Ajo, y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; y de los nueve LIC fluviales (Río Deva, Río Nansa, Río Pas, Río Asón, Río Agüera, Río y Embalse del Ebro, Río Camesa, Río Miera y Río Saja.

Según el Gobierno, con la aprobación de sus planes de gestión y la declaración de las ZEC, Cantabria comienza, de una vez por todas, a cumplir con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en materia de conservación de nuestra Red Natura 2000, proceso que se completará en los próximos meses con la declaración y aprobación de los Planes de Gestión de las restantes cinco ZEC de montaña de la región.

El Ejecutivo ha explicado en nota de prensa que los Planes de Gestión de las ZEC aprobados han sido elaborados de acuerdo a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, contienen las acciones, medidas y directrices que responden a las exigencias ecológicas de los hábitats y especies presentes en cada Zona.

Además, en cumplimiento de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, norma de ámbito estatal de obligado cumplimiento para las Comunidades, los planes establecen las medidas de conservación necesarias en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en ellas.

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General del Medio Natural, viene trabajando desde 2006 en la planificación de los espacios de la Red Natura 2000, con la finalidad de articular los necesarios instrumentos de gestión que garanticen su conservación y la de los valores naturales que contienen, en equilibrio con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Tras el "parón" que, según la Consejería, experimentó la política regional en materia de conservación de la Naturaleza entre 2011 y 2015, en esta legislatura Medio Rural ha promovido procesos de participación con el objeto de incorporar a los planes de gestión de estas las aportaciones de la sociedad en general y, en particular, de los diferentes sectores más directamente implicados, para lo que se han llevado a cabo diferentes procesos de participación e información públicas, fundamentalmente durante 2015 y 2016.

Los planes de gestión que se han aprobado tienen una estructura idéntica y recogen tanto sus objetivos generales como la descripción de los valores a conservar. Para lograr estos objetivos, se definen los elementos clave, como hábitats, especies o procesos ecológicos que representan en conjunto los valores naturales que caracterizan las ZEC y que se consideran básicos para el correcto desarrollo del Plan.

La conservación de dichos elementos clave se lleva a cabo mediante la definición de una serie de objetivos estratégicos y directrices que se desarrollan a través de acciones y medidas concretas, definidas en un plan de actuaciones que cuenta con las correspondientes herramientas de seguimiento y evaluación, y la estimación de los costes de implantación.

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