Chile: reserva de alerces, primer proyecto de carbono con certificación internacional

La Reserva Costera Valdiviana, que alberga un alerce de unos 2.000 años de edad, se ha convertido en el primer proyecto de carbono en el país con la certificación internacional CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad).

La ONG The Nature Conservancy compró en 2003 en subasta pública unas 60.000 hectáreas para crear esta reserva y evitar la tala de alerces (Fitzroya cupressoides) para convertirlos en carbón vegetal.

Leonel Sierralta, director ejecutivo del Programa de Conservación de Andes del Sur, se lo anunció este viernes al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

"La certificación certifica que existe capacidad de venta de bonos de carbono y capacidad de absorber carbono en la reserva y que se está entregando el dinero a las comunidades", dijo Sierralta a la prensa al final del encuentro.

En el marco del programa para la venta de bonos de carbono, la reserva recibe "miles de dólares" al año que sirven para "mejorar a las comunidades y la biodiversidad". "Todo se reinvierte en la reserva", dijo.

Además de salvar de la tala al bosque nativo y sustituirlo por eucaliptus de rápido crecimiento -más de 40.000 hectáreas fueron destruidas en los años 80 con este fin- el proyecto de The Nature Conservancy da empleo a guías turísticos y guardaparques.

En la reserva sobrevive el "Abuelo" un alerce de unos 2.000 años de antigüedad.

La empresa minera angloaustraliana BHP Billiton donó en 2013 20 millones de dólares para la conservación de la Reserva Costera Valdiviana, en el único proyecto de este que tiene en América Latina.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, acaba de promulgar una ley que establece el Derecho Real de Conservación, una herramienta que incentiva y permite formalizar iniciativas de conservación privada.

En total, 1,3 millones de hectáreas están en manos privadas en Chile, lo que se suma al 20% del territorio bajo protección del Estado.

Sierralta pide "voluntad política" para ir un poco más allá y ofrecer "algún incentivo económico, tributario", para que las "las personas no tengan que pagar impuestos por las áreas que están protegiendo y apoyo técnico" para los que protegen, en particular los más pequeños.

Además de esta ley, que da certeza jurídica a la protección de tierras, Sierralta pide una Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, "que consagra algunas facultades, nuevos servicios de biodiversidad que permiten apoyar esta conservación".

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