26-J. DIECISIETE ONG PIDEN REVISAR EL TRASVASE TAJO-SEGURA Y PARALIZAR OBRAS HIDRÁULICAS

Diecisiete entidades ambientales y de defensa del agua reclamaron este martes a todos los partidos políticos un conjunto de medidas relacionadas con la política hídrica en España con vistas a las elecciones generales del próximo 26 de junio, entre ellas revisar el memorándum del trasvase Tajo-Segura y paralizar o abandonar las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales.
Las organizaciones son AEMS-Ríos con Vida, Asociación en Defensa del Piragüismo y los Usos Recreativos del Agua, Asociación Ojos del Guadiana Vivos, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Plataforma por la Defensa del Río Castril, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo y sus Ríos, SEO/BirdLife, Unión Nacional de Pescadores Conservacionista, URA-Nueva Cultura del Agua, WWF y Xúquer Víu.
Todas ellas han elaborado un documento con reformas en la normativa, la política, la gestión e instituciones del agua, que han enviado a los partidos políticos y que incluye medidas urgentes para el Gobierno que salga de las elecciones generales y medidas de mayor alcance para desarrollar en la próxima legislatura.
Entre las medidas urgentes están reconocer por ley el derecho humano al agua en España; restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general; revisar el memorándum del trasvase del Tajo-Segura y establecer hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases.
También proponen liquidar las sociedades estatales de aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública, aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso y acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas.
Igualmente, reclaman paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales (como el dragado del estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril o los embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués y Mularroya) y potenciar medidas para favorecer los valores naturales del agua revisando los regímenes de caudales, reactivando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, promoviendo infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales, ampliando el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal, Grande y Castril, entre otros.
MEDIDAS DE ENVERGADURA
En cuanto a las medidas de envergadura para finales de la próxima legislatura, proponen reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021; revisar los Planes Especiales de Sequía de acuerdo con la nueva planificación hidrológica y criterios sociales y ambientales, y reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
Fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua; impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático y garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial son otras de las medidas presentadas.
Varias de las entidades firmantes, que representan a la sociedad civil en los Consejos de Agua a nivel estatal y de cuenca, han denunciado a España ante las instituciones europeas por vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de agua.