Además, ha incluido algunas localidades de comunidades autónomas donde alguno de los indicadores AROPE --riesgo de pobreza, carencia material severa o baja intensidad de trabajo en el hogar-- son superiores a la media nacional y en los que la renta media per cápita es inferior a la media nacional o a la de su comunidad autónoma.
El Defensor ha recomendado a estos ayuntamientos que refuercen sus sistemas de garantía alimentaria para menores vulnerables en periodos no lectivos y les ha solicitado que establezcan sistemas de alerta en coordinación con centros escolares y sanitarios para detectar casos de menores en riesgo.
Desde 2012, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones destinadas a garantizar una alimentación suficiente a los menores. En 2016 se dirigió a municipios de más de 100.000 habitantes y en años anteriores formuló recomendaciones a comunidades y ciudades autónomas.
De esta manera, en 2017 ha enviado escritos a los municipios gaditanos de San Fernando, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y La Línea de la Concepción (Cádiz), así como a los almerienses de Roquetas de Mar y El Ejido; a Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Estepona --localidades de la provincia de Málaga--; a Alcalá de Guadaíra y Utrera (Sevilla), a Motril (Granada) y a Linares (Jaén).
También ha mandado escritos a las comunidades autónomas de Asturias (Siero); Canarias (Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana); Cantabria (Torrelavega); Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina, Cuenca); Castilla y León (Ponferrada, Zamora); Cataluña (Cornellá de Llobregat, San Baudilio de Llobregat, Rubí, Viladecans, Mollet del Vallés); Comunidad de Madrid (Coslada, Arganda del Rey); Comunidad Valenciana (Torrevieja, Torrente, Orihuela, Gandía, Paterna, Benidorm, Sagunto, Alcoy, San Vicente del Raspeig, Elda, Villareal); Extremadura (Cáceres y Mérida) y Región de Murcia (Lorca).
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