Estas iniciativas incluyen la redacción de planes y diagnósticos para "identificar el grado de convivencia o la necesidad de iniciar políticas contra la discriminación" que también promuevan los derechos humanos, ha informado la corporación provincial en un comunicado este jueves.
Según la Diputación, los municipios de las comarcas del Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Barcelonès son los que más apoyo han dado a la medida este año.
Las solicitudes que ha recibido la entidad por parte de los ayuntamientos giran en torno a la mejora de la convivencia vecinal y comunitaria, la socialización de los jóvenes, la realización de actividades educativas y campañas de sensibilización.
Para los casos que han generado conflictos entre dos partes, la Diputación cuenta desde 2006 con un programa de mediación ciudadana, con 1,2 millones de euros anuales y con una plantilla de un centenar de mediadores, que han resuelto en el último año más de 5.000 solicitudes para la resolución de conflictos vecinales.
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