EUROPA PIDE INCORPORAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL BONO SOCIAL

- Y otras medidas para evitar la 'pobreza energética'. La Comisión Europea (CE) considera que el bono social, que implica un descuento en la factura de la luz, puede reducir el riesgo de 'pobreza energética' entre las personas con discapacidad, pero cree que es conveniente combinarlo con otras medidas.
Así lo expone la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, en la respuesta a una pregunta que formuló a la CE la eurodiputada española de IU Paloma López.
La eurodiputada solicitaba a la Comisión en su pregunta que explicara si considera que la extensión de la definición de 'consumidor vulnerable' a las personas con discapacidad, mediante su acceso al bono social, puede contribuir a una reducción de la pobreza energética.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, Jourová indica que "las personas con discapacidad pueden estar expuestas al riesgo de pobreza energética debido a factores tales como los bajos ingresos, un alto gasto en energía o un aislamiento térmico insuficiente", y explica que algunos Estados miembros han introducido una definición de la vulnerabilidad que hace referencia a la discapacidad y ofrece una mayor protección social.
Por ello, la comisaria europea asegura que el bono social "puede brindar apoyo a tales consumidores, aunque lo ideal es que se combine con medidas concretas en materia de energía, por ejemplo, mejoras de la eficiencia energética de la vivienda para reducir la demanda de energía a largo plazo".
SITUACIÓN EN ESPAÑA
En España, el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre el Real Decreto-ley 7/2016, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, que abre la puerta a que las situaciones de discapacidad sean por vez primera tenidas en cuenta a la hora de definir a los consumidores eléctricos vulnerables y adoptar medidas de protección contra la pobreza energética, recogiendo así parte de la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en esta materia, que venía reclamando incorporar a las personas con discapacidad a estos mecanismos sociales.
El alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda diferida al reglamento de desarrollo del real decreto-ley que habrá de aprobarse en el plazo de tres meses, pero deberá constituir un criterio para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a efectos de medidas protección contra la pobreza energética.
El Cermi ya ha anunciado que pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este real decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.