Entregan restos de 58 víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas en Perú

Los restos de 58 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del conflicto que vivió Perú entre 1980 y 2000 fueron entregados a sus familiares para ser sepultados tras ser identificados luego de 30 años, informó el viernes la fiscalía peruana.

La entrega tuvo lugar en la ciudad andina de Ayacucho, capital de la región del mismo nombre donde en 1980 la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso inició sus acciones que al cabo de dos décadas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad dejó 70.000 muertos y más de 15.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

"Pido perdón como ministra porque el Estado ha demorado 30 años en entregarles los cuerpos de sus familiares", dijo la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en el marco de una ceremonia religiosa en la catedral de Ayacucho, 520 kilómetros al sureste de Lima.

"Es un día de agradecimiento: estas 58 personas nos faltaban a todos", añadió la representante del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un economista liberal de centroderecha.

La fiscalía peruana, encargada del proceso de identificación y entrega, señaló que "los restos corresponden a ciudadanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada por parte de Sendero Luminoso y miembros de las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1990, en diversas localidades ayacuchanas".

Las víctimas son en su mayoría campesinos, cuyas familias pasaron décadas buscándolos y reclamando justicia.

Los restos fueron hallados en el curso de los últimos años en excavaciones llevadas a cabo por la fiscalía en fosas comunes en cerca de 30 apartadas comunidades campesinas de habla quechua, la lengua del imperio incaico.

La fiscalía detalló que 18 de los restos proceden de la comunidad de Chuqui "donde en 1989 Sendero Luminoso asesinó a igual número de comuneros, a piedra y machete".

Perú promulgó en junio pasado una ley de búsqueda de desaparecidos. Según la fiscalía peruana el conflicto interno dejó 15.731 desaparecidos.

Una Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó en 2003 que existían más de 4.000 fosas comunes donde se presume podrían estar enterradas víctimas de la violencia.