Ex secretario autonómico dice que empresas "apretaban" para conseguir plazas residenciales pero niega que influyeran

EUROPA PRESS

Así lo ha manifestado Martínez en la comisión de las Corts en la que se investiga el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figura Sedesa --propiedad de la familia del exconseller Juan Cotino--, además del empresario Enrique Ortiz.

También han comparecido el ex director general del grupo Novaire y representante de Sacova Centros Residenciales S.L, Guillermo Bell, y el ex secretario general de la Conselleria de Bienestar Social, Ramón Doménech.

Los diputados que participan en la comisión han preguntado al ex secretario autonómico por unas grabaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, entre el constructor alicantino Enrique Ortiz y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts y exconseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y propietario de residencias del grupo y otra conversación con el gerente de éstas Arturo Alario, en la que acordaban presionar a Martínez para "llenar" sus centros.

Al respecto, ha sostenido que "las empresas hacen lo que tienen que hacer, que es apretar a la Administración y ésta no tiene que hacer caso, también teníamos manifestaciones todos los días de colectivos y nos parecía normal" y ha añadido que "si había centros con plazas libres el objetivo era llenarlos".

Sobre las grabaciones, ha apuntado que los que intervienen "dicen que es mentira y que todo es una manipulación" por lo que ha sentenciado: "No hay nada más que decir". Los diputados han replicado que "se fían más" de la UDEF que de Alario y Ortiz y que éste último no negó la veracidad de las escuchas cuando compareció en las Corts en esta misma comisión y reconoció la financiación ilegal del PP.

"NO NOS HACEMOS CON ÉL"

El ex secretario autonómico ha lamentado que no pasó "un gran día" cuando las escuchó "merendando" pero ha argumentado que la "gran queja" de las personas que intervienen en la conversación es que "este tío no nos hacemos con él", en referencia al propio Martínez.

Además, ha asegurado que "la libertad de elección del usuario siempre primaba", con lo que ha negado que los motivos para asignar las plazas en las residencias fueran otros. Con las empresas, según ha indicado, la Conselleria tuvo "problemas" porque "querían que se llenara el cien por cien de las plazas de forma pública".

Sobre los pliegos redactados para la adjudicación y construcción de residencias, que contarían con un tercio de sus plazas asignadas a la Administración, ha comentado que no había llegado al departamento cuando se redactaron pero ha destacado que los redactó "el equipo" del exconseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, --en prisión por el 'caso Cooperación'-- y ha defendido que los pidieron para tenerlos como ejemplo y "copiar" el modelo "de un montón de sitios de España", como Madrid o Castilla La Mancha.

En un momento de la comisión, la diputada socialista Concha Andrés le ha exhibido un informe firmado por él que llegó a manos de los empresarios que participaban en las adjudicaciones y en el que no figuraba registro de salida de la Conselleria, sobre lo que Martínez ha dicho desconocer los detalles de cómo había ocurrido. También han preguntado a Ramón Doménech por este extremo, sobre lo que ha asegurado que "en absoluto es un procedimiento habitual".

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

Por su parte, el ex director general de Novaire, Guillermo Bell, ha explicado que la Generalitat "se quedaba un tercio de las plazas pero no se nos garantizaba que se llenara ni se nos pagaba por la plaza vacía". Éste fue el origen del problema que se creó con la introducción de la cláusula de exclusividad, que servía para "garantizar a las empresas que se les adjudicarían las plazas futuras", según ha indicado.

"Se generaba un triple problema, porque se limitaba la oferta a los usuarios, se ataba a la Administración y se hacía un oligopolio con las empresas. Esto se hubiera solucionado concertando un 40 por ciento de las plazas y pagando un porcentaje por las plazas libres, como se ha hecho en otras comunidades", ha subrayado.

Por otro lado, ha dicho desconocer "que había empresas vinculadas a Cotino" porque, ha continuado, "no era tampoco algo que nos preocupara". Además, ha comentado que no sabe "si hubo un trato de favor" a los centros del Grupo Savia pero ha destacado, sobre una sentencia sobre la subida de precios de las plazas residenciales, en la que se instaba a la Generalitat a que se reconociera el aumento del IPC, que ganó Savia: "La ganamos nosotros también y la Generalitat nos lo recurrió una y otra vez a nosotros y a ellos no". "Pero en cobrar, creo que hemos cobrado todos igual de mal y de tarde", ha apostillado.

El último en comparecer en la mañana de este lunes ha sido el ex secretario general de Bienestar Social, que ha asegurado que "rotundamente" no recibió "ninguna instrucción de Blasco para la redacción de ningún contrato" y que él no vio "ningún trato de favor a ninguna empresa ni presiones".

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