El Sistema Nacional de Salud (SNS) lleva años "subfinanciado" y "ya ha dado todo lo que podía dar de sí", de ahí la necesidad de que el Gobierno aproveche la mejora económica para impulsar un pacto con el resto de partidos políticos y los profesionales sanitarios que garantice la sostenibilidad del sistema y evitar el colapso a corto y medio plazo.
Así lo han asegurado el director de Institute Healthcare Management de ESADE, Manuel Peiró, y el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Ramón Tamames durante el encuentro Europa Press 'Sanidad Pública 2025, quiebra o sostenibilidad'.
"Con los mimbres que tenemos hemos conseguido un sistema de gran calidad pero tenemos el riesgo de que se nos vaya por el desagüe", ha destacado Peiró, coautor de un informe presentado recientemente en el que se analizan los retos que tiene España para financiar el sistema y reducir las desigualdades en salud.
En ese sentido, este experto admite que el gasto sanitario va a crecer en los próximos años como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, lo que conllevará un incremento del gasto sanitario que podría oscilar entre 32.000 y 48.000 millones de euros de aquí a 2025.
"No estamos encarando los retos de futuro y, a corto plazo, vamos a tener problemas", según Peiró, que avisa de que "el coste de no hacer nada son esos 16.000 millones de diferencia".
TRAS LA CRISIS, ES EL MOMENTO DE MEJORAR LA SANIDAD
Por ello, ha añadido Tamames, una vez iniciada la recuperación económica en España es el momento de mejorar los sistemas de gestión pública como las pensiones o la sanidad y, por ello, propone al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acuerde con el resto de partidos una comisión de estudios para un pacto similar al de Toledo en materia de pensiones.
"Ahora es un momento muy bueno, hemos cruzado la gran recesión que ha sido como una travesía por el desierto, y tras tres años de crecimiento es el momento de mejorar la administración pública", ha destacado.
Ambos expertos reclaman que la sanidad debe salir del "debate en la arena política" y dejar de usarse como "arma arrojadiza", y han recordado los consensos logrados en tiempos pasados en la lucha contra el tabaquismo o en la elaboración del informe 'Abril' en 1991, del que "hemos sido incapaces de implantar una sola medida", según Peiró.
Para este profesor de ESADE la clave está en definir quién tiene derecho a acceder a la asistencia sanitaria, qué cobertura ofrece y cómo se financia, y dar un mayor papel a los profesionales sanitarios ya que son quienes mejor saben cómo mejorar el sistema y son los que han sostenido al sistema durante la crisis.
"El mayor problema que podemos tener es que los profesionales se nos desmoronen. Les han bajado los salarios y la presión que han soportado en algunos casos ha sido tremenda, y no hemos sido capaces ni de darles una palmadita en la espalda", según Peiró.
LA SANIDAD PRIVADA, UN AGENTE MÁS DEL SISTEMA
Además, ambos profesionales también han reclamado un mayor papel para la sanidad privada que, según Tamames, debe ser un agente más del sistema que permite "liberar recursos" y "sirve para mejorar la pública y que haya competencia".
De hecho, este experto propone incluir al ámbito privado en el pacto de estado que reclama al Gobierno y favorecer su uso mediante desgravaciones fiscales a quienes dispongan de aseguramiento privado o extendiendo el modelo Muface a otros sectores.
"La sanidad privada ha contribuido de forma decisiva al mantenimiento de la pública", ha añadido Peiró, que pide no ver ambos sistemas como "compartimentos estancos" y ha lamentado que desde algunos sectores se rechace esta colaboración. "El debate no debe ser si es pública o privada, sino la aportación que hacen o la calidad que da", ha insistido.
De igual modo, han reclamado un mayor papel de la medicina preventiva, una mejor integración de la sanidad y los servicios sociales y una mejor coordinación entre las comunidades autónomas.
Y sobre la posibilidad de introducir nuevos copagos o "tasas" por determinados servicios o actos sanitarios, ambos expertos reconocen que es un tema "controvertido" que no habría que descartar siempre que se garantice el acceso para aquellos grupos de población que no puedan pagarlo.
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