La presidenta del grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica, Alda Facio; el relator especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, Dainius Puras; y la relatora especial sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, han recordado que la criminalización del aborto no reduce su práctica, sino que hace que aumente su práctica clandestina, llevando a las mujeres a exponerse a tratamientos inseguros.
Los tres han expresado su apoyo a la propuesta que permitiría la interrupción del embarazo en algunos casos, iniciativa que lanzó el pasado mes de octubre la presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Lorena Peña. Entre los casos que se despenalizaría el aborto se encuentran los de violación o grave riesgo de muerte para la madre.
Facio, Puras y Simonovic han subrayado que la "prohibición total" del aborto, en vigor actualmente en el país, va en contra de las normas del Derecho Internacional y viola las obligaciones internacionales a las que El Salvador está sometido.
Asimismo, han criticado que muchas mujeres han sido condenadas a sentencias de hasta 40 años de prisión por haber abortado, algo que el Código Penal califica incluso de homicidio agravado. En este contexto, han señalado que las más afectadas son las mujeres que viven en situación de pobreza y que no pueden acceder a una defensa.
El pasado mes de marzo, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) ya expresó su preocupación por la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador y recomendó al Gobierno que legalice el aborto, al menos, en algunos casos.
El CEDAW publicó su último informe sobre la situación en el país, que mantiene una estricta legislación que prohíbe el aborto en cualquier caso. Entre sus recomendaciones, el comité de la ONU pidió que se legalice, al menos, en tres supuestos: cuando el embarazo sea producto de una violación o de incesto, cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando exista una grave malformación del feto.
Asimismo, la CEDAW instó a imponer una moratoria sobre la ley que ordena la detención de mujeres que hayan interrumpido voluntariamente sus embarazos y que sentencia de manera desproporcionada a aquellas mujeres que hayan abortado, ya sea de forma provocada como natural.
En este sentido, pidió la liberación de las detenidas por estos casos e instó a que se proteja su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.
PROPUESTA DE DESPENALIZACIÓN
Peña, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recalcó que la legislación "no tiene en cuenta que el delito de violación contra una mujer es el único donde la víctima, y no el violador, carga con las consecuencias toda la vida, como es el caso de un embarazo producto de la misma".
Así, abogó por reformar el artículo 133 del Código Penal, argumentando que "en él se evidencia la existencia de una omisión legislativa para solventar desde la tipicidad penal los conflictos que suscitan entre la salud y la vida de las mujeres cuando han quedado embarazadas por hechos de violencia, o en situación de graves riesgos a su vida".
Con motivo del Día de la Niña, las autoridades desvelaron entonces un informe que recoge que la mayor parte de las víctimas de violencia sexual son niñas de entre cinco y 14 años, según ha recogido el diario local 'La Prensa Gráfica'.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios