Feministas denuncian que los PGE para violencia de género frustran el Pacto de Estado y no responden a la demanda social

A su juicio, "la persistencia de la violencia, las multitudinarias manifestaciones y la demanda social, así como la ratificación en 2013 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa que exige extender la prevención y atención a las víctimas de violencia de género fuera de la pareja y el Pacto de Estado", exigen "un aumento significativo de recursos".

Por ello, han pedido al Ejecutivo que dote con 120 millones de euros la partida de transferencias a las corporaciones locales, organismos que consideran "la puerta de acceso a todo el sistema" ya que "prestan la atención jurídica, psicológica y social especializada y de proximidad a las víctimas de violencia machista y sus hijos".

PERMISOS DE PATERNIDAD

A través de un manifiesto, presentado durante un acto en el Congreso de los Diputados, en el que se han analizado los PGE en perspectiva de género, la plataforma se ha referido también a los permisos de paternidad exigiendo la modificación "sin dilación" de este derecho con el objetivo de que sean "iguales, intransferibles y pagados al 100 por cien".

"De esta manera, cada persona progenitora podrá tomarse un permiso inicial de dos semanas a partir del nacimiento adopción y utilizar las restantes catorce semanas para turnarse con la otra persona progenitora si la hubiera", señala el manifiesto, en el que, además, se pide que el actual permiso de paternidad pueda tomarse en dos bloques antes de que transcurran seis meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento.

Por otra parte, han criticado que en el estudio de perspectiva de género que debe realizar el Gobierno, y que acompaña al documento de partidas presupuestarias, no se presente en cifras y olvide realizar el análisis en materias como educación o pensiones.

PGE QUE AGRAVAN LA DESIGUALDAD

Aún así, la plataforma ha hecho una valoración general de los PGE que, a su juicio, reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres.

Según han denunciado, el gasto social potencia "una estructura laboral y familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de trabajo altamente segregado por sexos (vertical y horizontalmente) y una familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar".

Del mismo modo, consideran que los presupuestos relegan los servicios públicos y han puesto como ejemplo, que la aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (1.355 millones de euros) es inferior a su gasto en desgravaciones y prestaciones para el cuidado familiar de dependientes en el hogar.

Además, critica que se mantengan los incentivos a que las mujeres casadas abandonen sus puestos en el empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115 millones de euros para desgravaciones por tributación conjunta en el IRPF. "Es un sistema antisocial, ineficiente e insostenible", han concluido.