Todo ello después de que la Comisión Europea lanzara este jueves un ultimátum a España para que tome medidas para proteger el parque del deterioro que se está produciendo en sus hábitat naturales por la actividad turística y el regadío. La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, que da dos meses al Gobierno para que corrija la situación o Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En declaraciones a los periodistas en Huelva antes de clausurar la jornada 'Implicaciones ambientales, territoriales y urbanísticas de la actividad minera', organizada por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), y preguntado por este asunto, José Fiscal ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz "lo venía advirtiendo desde hace algún tiempo".
De hecho, ha recordado que "hace un año se pronunció la Unión Europea (UE) y ahora ha dado este ultimátum". En este sentido, ha lamentado que "esté pendiente el trasvase que el Gobierno central, por muchas fotos y visitas de ministras que no tienen nada que ver con la materia, no acaba de construir" con el fin de aliviar la presión a la que se está sometiendo al acuífero 27.
Del mismo modo, ha dejado claro que "no deja de ser una paradoja" que el Plan de la Corona Norte, "que impulsa y está comenzando a implantar la Junta se vea continuamente torpedeado por el PP, en este caso de Huelva", el cual, según ha añadido, "ayer se quedó solo en el Parlamento al pedir que nos saltáramos la ley y consintiéramos regadíos ilegales en el entorno de Doñana".
"A ver cómo explica el PP lo que ayer intentó hacer en el Parlamento, ya que, por una parte, no acaba de culminar lo que verdaderamente incide en la solución, que es el trasvase, y por otra, intenta torpedear la ordenación de regadíos en la Cámara andaluza por arañar un puñado de votos". Por tanto, entiende que este ultimátum ha ido dirigido al Gobierno para que haga el trasvase.
"Todos debemos ponernos manos a la obra", ha remarcado el consejero, quien ha dejado claro que la Junta "se ha puesto manos a la obra y lleva meses implantando la ordenación de regadío porque no sólo es garantía jurídica para la supervivencia de Doñana, sino también para los agricultores".
También se ha pronunciado sobre la actividad turística a la que se refiere Bruselas, pero se ha mostrado convencido de que "si se produce el trasvase y se acelera la aplicación del plan de Doñana, será suficiente para que esta amenaza se retire".
En este caso, deja claro que la advertencia va dirigida al Gobierno pues el acuífero 27 depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que gestiona el Estado. Del mismo modo ha incidido en que el espacio en sí lo gestiona la Junta y ha sido reconocido como "uno de las áreas protegidas mejor conservadas" al haber sido incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la Lista Verde.
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