En una entrevista concendida a Europa Press, el consejero ha precisado que es "buena por muchos motivos, y lo principal es que los indicadores de biodiversidad y los parámetros que determina el estado de salud de un espacio natural son buenos".
Esta situación, ha remarcado Fiscal, "no significa que todo esté perfecto ni mucho menos, ya que hay amenazas y retos pendientes". No obstante, al respecto, el consejero ha recordado que el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco acordó el pasado mes de julio "reconocer el esfuerzo" que realiza España en la conservación del Parque Nacional Doñana, lo que significa, a su juicio, que se va "por el buen camino" en el cuidado de este espacio natural para que siga siendo Patrimonio de la humanidad, destacando a su vez que no ha entrado en la Lista de Patrimonio en Peligro "ni la Unesco se plantea introducirla".
Cabe recordar que el Comité de Patrimonio de la Humanidad de Unesco acordó "reconocer este esfuerzo", pero pidió un informe que deberá estar listo en diciembre de 2018 sobre los pasos que se están dando en favor de la conservación de este enclave declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, que se evaluará en 2019.
Precisamente sobre el acuífero, la Unesco acordó una resolución en la que advirtió de que de no revertirse el declive continuado de la condiciones del acuífero de Doñana, puede representar un peligro potencial sobre el Valor Universal Excepcional (OUV, por sus siglas en inglés) del enclave.
En cuanto al acuífero, Fiscal ha recordado que un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno, dado a conocer en el Consejo de Participación de Doñana celebrado en julio, alerta de que en las cinco masas en las que se divide el acuífero "tres están en mal estado y dos están mejorando de manera bastante apreciable, que son las que se corresponden con el subsuelo del Parque Nacional de Doñana", indicando además que sobre las tres primeras "se están adoptando medidas para corregirlo".
Por ello, ha lamentado que "determinadas asociaciones e incluso partidos políticos han machacado con este asunto y cuando la Unesco dice que no introduce a Doñana en esta lista y que entiende que no hay motivos para ello, pasa un poco desapercibido", y ha hecho hincapié en que todo ello es "consencuencia del trabajo que se está haciendo en la gestión de Doñana".
Sobre el resto de cuestiones que pueden suponer una amenaza para el parque, ha precisado que al dragado del río Guadalquivir "el Gobierno y el puerto de Sevilla renunciaron" y con la Mina de Aznalcóllar, ha continuado, "seremos muy exigente como siempre si nos llega el proyecto".
PROYECTO DE GAS NATURAL
En cuanto al asunto del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana, el consejero ha asegurado que hace unas semanas envió una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, en la que solicita la paralización del citado proyecto, en virtud de un informe del CSIC que alerta de "la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona", así como que el estudio de su afección se haga de manera conjunta, asunto en el que ha dejado claro que, si el Ejecutivo central "no atiende esta petición, el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales".
En cuanto al Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, ha precisado que la Junta está implantando el plan, "sigue trabajando en él y ya se ha enviado un número importante de comunicaciones a agricultores informándoles de que no entran en la ordenación del plan por distintos motivos".
A su vez, ha precisado que "ya hay un porcentaje enorme de superficie que saben si está o no incluida en el plan y en las que existen dudas se está trabajando en ellas". En este sentido, ha asegurado que "la ejecución es de 15 años y llevamos dos y medio, y nos han reconocido que en estos dos años se ha avanzado más que nunca. Nos piden que vayamos más rápido y en ello estamos".
Por último, sobre el anuncio de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, tras levantar el pasado 10 de julio la acampada que mantenían desde abril en las puertas de la Delegación de Medio Ambiente, de que los agricultores emprenderán acciones legales contra la Junta de Andalucía por haber "reconocido e incentivado los cultivos de regadío en zonas que ahora dice, aplicando la Ley Forestal de 1992, que no lo son", José Fiscal ha señalado que "están en su derecho de que la justicia determine la entrada o no de sus parcelas en el citado plan".
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