Según Fiscal, en este documento se van a evaluar todas las circunstancias y se determinará si la actuación de estas empresas o sus representantes es constitutiva de algún delito. No obstante, ha aclarado que en caso de abrirse diligencias judiciales penales la actuaciones administrativas deberán suspenderse hasta que exista un pronunciamiento firme de dicha jurisdicción.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz a preguntas del PSOE y Podemos, Fiscal ha destacado la coordinación que ha existido entre las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Empleo, Empresa y Comercio --que ostenta la competencia en materia de minas-- a través de sus delegaciones territoriales y bajo la dirección del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, una colaboración que ha permitido que desde el 23 de mayo la situación esté "controlada".
A partir de ahora, ha añadido, ambas consejerías trabajarán conjuntamente para tomar medidas que eviten que las instalaciones mineras abandonadas en la zona constituyan "un peligro para la integridad del medio hídrico y la flora y la fauna del entorno". No en vano, las condiciones de la zona requieren un estudio pormenorizado de las actividades existentes, una evaluación de los riesgos y un programa de actuaciones acorde con la situación.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que tras el vertido que se produjo el 18 de mayo la primera medida se tomó justo al día siguiente, cuando se realizó una visita de reconocimiento e inspección y comenzaron los trabajos de emergencia para contener el caudal y evitar así que llegara a aguas del Odiel.
Tras ello, se procedió a la toma de muestras desde la propia salida de la corta hasta el río Odiel, que se están examinando en el Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de Huelva. También se han analizado las aguas en distintos puntos de la Ría de Huelva, sin detectarse incidencias en ninguno de ellos, más allá de un ligero descenso del PH, que no ha tenido consecuencias, y un aumento en determinados momentos de la coloración del agua.
Aunque el consejero ha recordado que se trata del único incidente de esta índole en la provincia de Huelva en varias décadas, el parlamentario de Podemos Jesús Romero ha indicado que puede tener "consecuencias fatales, pues, ya sea por falta de recursos o de iniciativa política, se actúa de manera negligente".
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