Unos 400.000 rohingyas han huido a Bangladesh para escapar de la ofensiva militar que ha sido calificada por diversos organismos internacionales como una campaña de limpieza étnica.
El secretario de Estado adjunto norteamericano, Patrick Murphy, se ha desplazado esta semana a Birmania para trasladar las preocupaciones de Estados Unidos y ejercer presión para mejorar el acceso de organizaciones humanitarias al estado de Rajine, según ha informado el Departamento de Estado estadounidense.
"Nosotros no bloqueamos a nadie", ha asegurado el portavoz del Gobierno birmano, Zaw Htay, a la agencia británica de noticias Reuters. Htay ha explicado que las ayudas humanitarias no están llegando a la zona debido a que el acceso ha sido restringido por parte de las autoridades locales "por motivos de seguridad".
"No bloqueamos los envíos de ninguna organización humanitaria a estas zonas", ha insistido.
La ofensiva militar de las fuerzas de seguridad fue lanzada como respuesta a una serie de ataques coordinados contra puestos policiales y una base militar por parte del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), un grupo armado conocido anteriormente como Harakan al Yaqin. La organización fue creada por los rohingya exiliados tras la ola de violencia de 2012.
Esta crisis ha puesto en el punto de mira a la presidenta 'de facto' de Birmania, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y a sus intenciones de llevar a cabo una transición democrática efectiva después de décadas de gobierno militar.
Los generales aún controlan las políticas de seguridad nacional. Sin embargo, Aung San Suu Kyi, ha sido sumamente criticada por no condenar la violencia que se esta produciendo en el país, especialmente en el estado de Rajine.
El senador de los Estados Unidos, Mitch McConnell, ha asegurado este jueves haber hablado con Suu Kyi y que esta le haya garantizado que estaba trabajando por conseguir ayuda para las zonas afectadas por esta oleada de violencia.
FALTA DE ACCESO HUMANITARIO
El ministro de Protección Social, Socorro y Reasentamiento de Birmania, Win Myat Aye, ha afirmado que por el momento, ninguna ONG extranjera ha accedido a la zona de conflicto, pero no ha aclarado si se trata de un bloqueo.
"Estas son actividades dirigidas por el Gobierno", ha explicado. La violencia en Rajine y el éxodo de refugiados es el problema más urgente que afronta Suu Kyi desde que comenzara su mandato 'de facto' en marzo de 2016.
Los observadores de Derechos Humanos y los refugiados rohingyas han señalado que el Ejército y la población budista de Rajine han puesto en marcha una campaña de incendios para expulsar a la población musulmana.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el Consejo de Seguridad han instado a Birmania a poner fin a la violencia, que han descrito como limpieza étnica.
Sin embargo, el Gobierno birmano ha negado tales acusaciones y ha asegurado que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo operaciones para defenderse del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), al que el Gobierno ha reconocido como una organización terrorista.
Los insurgentes han declarado un mes de alto el fuego unilateral para permitir que las organizaciones de ayuda humanitaria puedan acceder a la zona, pero el Gobierno no lo ha aceptado y ha asegurado que no negocian con terroristas.
Asimismo, el Gobierno birmano ha acusado a algunas organizaciones humanitarias de haber ayudado con provisiones de comida a los insurgentes.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves que sus centros hospitalarios en Rajine fueron incendiados y ha exigido el "acceso sin restricciones a las personas en necesidad desesperada"
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios