La CNR ha denunciado la decisión, que ha tildado de "inaceptable" y de "medida provisional punitiva", según ha informado el portal local de noticias Gaboneco.
"De manera arbitraria e ilegal, el poder pretende secuestrar a los opositores en el interior del territorio", ha afirmado el portavoz de Ping, Jean-Gaspard Ntouotume Ayi.
Por contra, el ministro del Interior, Lambert Noel Matha, ha afirmado que "Ping ha llamado a sus seguidores a que pongan en peligro el orden el orden público, a la insurreción, a la rebelión y a la guerra civil". "Eso no es tolerable en un Estado de derecho", ha remachado.
La decisión de las autoridades ha llegado menos de una semana después de que el Gobierno prohibiera aparecer en los medios de comunicación públicos a los opositores que se nieguen a reconocer al Ejecutivo.
La victoria en las elecciones celebradas en agosto de 2016 del presidente, Alí Bongo, que se impuso a Ping por menos de 6.000 votos, despertó numerosas sospechas sobre el proceso electoral.
Muchos sectores de la oposición, entre ellos Ping, han acusado al presidente gabonés, cuya familia lleva al frente del Gobierno 49 años, de intervenir para amañar el resultado.
Al menos seis personas perdieron la vida a raíz de los disturbios que se sucedieron por todo el país durante el 27 y el 28 de agosto, tras el anuncio de los resultados electorales.
La indignación social aumentó especialmente a raíz de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso presentado por Ping, con el que solicitaba un recuento.
Por ello, Bongo convocó un proceso de diálogo nacional para intentar rebajar las tensiones y afrontar su nuevo mandato con unas ciertas garantías de paz social, si bien Ping no ha cedido y continúa llamando al boicot del proceso.
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