El Gobierno quiere conocer cuántos profesores universitarios cobran un sueldo público y, para ello, ha puesto en marcha una auditoría para disponer de datos precisos. El Ministerio de Hacienda ha pedido a las universidades un registro de todos los docentes que tienen en nómina para hacerse una idea de cuántos temporales pueden optar a consolidar su puesto y cuántas plazas no han seguido un procedimiento de contratación reglado y, por tanto, quedarán fuera de la oferta de empleo público contemplada en el proyecto de ley de Presupuestos de 2017.
La iniciativa está incluida en el "Acuerdo para la mejora del empleo público" que firmaron el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los dirigentes de los tres principales sindicatos en la administración, CCOO, UGT y CSI-F. En el punto tercero del mismo se puede leer que se creará un grupo de trabajo para conocer "la evolución y situación del empleo en las Administraciones Públicas, con especial referencia a las distintas Administraciones locales y a las Universidades públicas".
El objetivo de esta revisión es conocer qué puestos temporales de trabajo en los centros universitarios podrán consolidarse en la histórica oferta de empleo público contemplada en los Presupuestos que actualmente se están negociando. En concreto, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la consolidación de 250.000 plazas temporales en los próximos tres años.
El problema que se ha contemplado en las negociaciones entre Gobierno y sindicatos es que algunas universidades públicas no han seguido los trámites legales oportunos para contratar a docentes, de forma que esos profesores no pueden ahora optar a convertirse en fijos. La Ley Orgánica de Universidades contempla en su artículo 48.2 que la contratación laboral en el ámbito universitario se tiene que circunscribir al ámbito de las figuras de Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante. Sin embargo, en algunos casos se han creado figuras no contempladas en dicha Ley, como en algún centro catalán donde se ha impulsado el cargo de "Professor Agregat".
En otros casos se está abusando de la temporalidad. Según la Ley, "el personal docente e investigador contratado no podrá superar el 49% del total de personal docente e investigador de la universidad". Sin embargo, el sindicato CSI-F denuncia que se está incumpliendo sistemáticamente la normativa, ya que la temporalidad en los centros universitarios se sitúa actualmente por encima. A nivel nacional, el 59’3% de los docentes universitarios es profesor asociado y en algunas Comunidades Autónomas, los profesores sustitutos interinos (a tiempo completo o a tiempo parcial), representan un 25-30% del personal docente e investigador (PDI).
Con esta auditoría en las universidades públicas también se tratará de determinar qué procedimientos se ha seguido para contratar a determinados docentes. En algunos centros universitarios se han seguido criterios políticos para otorgar determinadas plazas, denuncian los sindicatos, y en otros no se ha exigido el certificado de la ANECA. Son los llamados contratos "alegales" que no pueden consolidarse en esta oferta pública de empleo.
En definitiva, según denuncia CSI-F, las universidades han sufrido en los últimos años "una fuerte reducción del profesorado funcionario" lo que ha provocado "el empeoramiento de las condiciones laborales, con más contratación externa, más temporalidad, más contratos a tiempo parcial y menos retribución económica".
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