El Gobierno canario declara nuevos sectores, funciones y categorías como prioritarias de "carácter retroactivo"

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, matizó que la declaración "se sustenta o bien en la necesidad de dar prioridad a la cobertura de estos, o porque afectan a los servicios públicos esenciales".

De todos modos, indicó que se realiza "con carácter restrictivo", ya que se enmarca en un conjunto de medidas limitativas del gasto público y también con la intención de acotar la entrada de recursos humanos con carácter temporal. Añade que es fruto de establecer una medida a través de la cual se garantiza la prestación de los servicios públicos que se consideran esenciales o prioritarios, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Así, se han declarado sectores prioritarios a la Dirección General de Industria y Energía, a la Dirección General de Aguas y a las Bibliotecas Públicas del Estado de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife adscritas a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes por afectar a la prestación de servicios públicos esenciales.

Además, declara como prioritarias las funciones desarrolladas por el personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Archiveros y del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Archiveros Ayudantes, así como respecto del personal laboral, las funciones desarrolladas por las categorías profesionales de Ayudante de Archivo y Biblioteca del Grupo II de clasificación profesional.

También, pero de forma adicional, se declaran como prioritarias las funciones desarrolladas en 98 puestos de trabajo (a continuación se detalla la cifra por áreas) al considerar que su provisión resulta "indispensable" para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la prestación de servicios públicos esenciales en la Consejería de Obras Públicas y Transporte (seis); en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (cinco); en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (21); en el Instituto Canario de Administración Pública (uno); en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (seis); en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (22); en la Consejería de Educación y Universidades (28); en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (cuatro); y en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (cinco).

La declaración de prioridad de un sector, función o categoría y, por ende, de un puesto de trabajo concreto, no depende de los elementos que determinan el nombramiento de personal temporal, sino en la necesidad por parte de la Administración de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales o de cumplir funciones que se consideran prioritarias. Así, la declaración como sector prioritario (o función o categoría profesional) no es la causa, sino un requisito más para que la Administración pueda contratar personal laboral temporal o nombrar personal funcionario interino.

En este sentido, recuerdan la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 establece en relación a la contratación de personal temporal que durante este año en la Administración autonómica solo se procederá a la contratación de personal laboral temporal "de forma excepcional" para atender necesidades "urgentes e inaplazables" en los sectores, funciones y categorías profesionales, que se consideren prioritarias, o afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde al Gobierno.

La norma ya incluye como sectores, funciones y categorías prioritarias o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos, los centros educativos y los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los centros docentes de la Consejería de Educación y Universidades; las hospederías, los centros base, módulos insulares, centros de día, escuelas infantiles y equipos técnicos de seguimiento de programas de adopción, prevención y protección de menores y de justicia juvenil con medidas impuestas a menores de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; o las escuelas de capacitación agraria e institutos de formación profesional marítimo-pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, entre otros.