HRW denuncia la muerte de al menos 45 civiles a manos de grupos armados en RCA

Al menos 45 civiles han muerto y otros 11.000 se han visto desplazados en los tres últimos meses por los enfrentamientos por el control de una provincia del centro de República Centroafricana (RCA) entre grupos armados, según ha denunciado este martes Human Rights Watch (HRW).

Desde finales de 2016, dos facciones de los antiguos rebeldes Séléka se han venido enfrentando en la provincia de Ouaka: la Unión para la Paz en RCA (UPC), integrada mayoritariamente por peul, y el Frente Popular para el Renacimiento de RCA (FPRC), que se ha alineado con los 'anti-balaka', las milicias predominantemente cristianas que en su día combatieron a Séléka.

"Los grupos armados están atacando a civiles para vengar los asesinatos en la parte central del país", ha denunciado Lewis Mudge, investigador para África de HRW. "Mientras las facciones se enfrentan por el poder en RCA, los civiles de todas las partes están expuestos a sus mortíferos ataques", ha subrayado.

Un equipo de HRW visitó Ouaka a principios de abril y entrevistó a 20 personas en Bambari, la capital provincial, que habían huido recientemente de los enfrentamientos. Estos testigos ofrecieron los nombres de unos 45 civiles --17 hombres, 13 mujeres y 15 niños-- que habían sido asesinados por ambos bandos. Según la ONG, lo más probable es que la cifra de víctimas sea mucho mayor, ya que hay decenas de desaparecidos.

"Estos asesinatos están causados por ciclos de represalias", ha contado a HRW un responsable local en Bambari. "Un grupo mata a una persona, así que el otro grupo mata a tres y entonces el primer grupo mata a 20", ha explicado.

Al menos 11.000 personas desplazadas por la violencia han buscado refugio en Bambari desde el 19 de marzo, según responsables humanitarios, que se vienen a sumar a los miles de desplazados que ya se encontraban en la ciudad, donde el acceso a comida y cobijo sigue siendo complicado.

Según ha advertido HRW, los crímenes cometidos en Ouaka están bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Especial (TPE), creado recientemente y que contará con magistrados nacionales e internacionales encargados de juzgar y castigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país, así como del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El TPI, ha recordado, abrió en septiembre de 2014 una investigación sobre los crímenes cometidos en este país africano desde 2012. En cuanto al TPE, el Gobierno designó en febrero a su fiscal jefe, pero el tribunal aún carece de personal e instalaciones, por lo que HRW ha instado al Ejecutivo, la ONU y los gobiernos aliados a que den apoyo financiero, logístico y político para que pueda comenzar a funcionar rápido.

"En la región central, los enfrentamientos han empeorado y el balance de civiles muertos ha aumentado", ha advertido Mudge. "Hace falta una renovada atención y que los comandantes abusivos rindan cuentas para evitar que el país vuelva a caer en una sangría a gran escala como la vivida recientemente", ha subrayado.