"Un ejemplo de este impacto se ha podido ya observar con el anuncio de la posible pérdida de puestos de trabajo que puede afectar negativamente al desarrollo profesional, a la asistencia sanitaria y a la existencia de nuestro sistema sanitario en su conjunto", ha alertado este jueves en un comunicado.
El IDIS, que en su patronato cuenta con el grupo Quirónsalud, propietario de los dos centros expulsados, ha defendido que este tipo de medidas sean "estudiadas en profundidad y con todos los datos disponibles para que las decisiones sean adecuadas", teniendo en cuenta las necesidades del paciente y los resultados en salud, objetivo fundamental de toda política sanitaria basada en la evidencia, ha remarcado.
El instituto considera que las fórmulas de colaboración público-privada son "imprescindibles" para el mantenimiento del sistema sanitario público universal, motivo por el que todas las comunidades autónomas tienen en cuenta al sector privado para la prestación de sus servicios de salud, en sus palabras.
El centro, que ha recordado que este modelo está refrendado internacionalmente, es partidario de la consolidación y el desarrollo de las fórmulas existentes y también de nuevas iniciativas que fomenten sinergias entre los entornos público y privado en el área sanitaria, "siempre en beneficio del paciente".
"Lo importante es establecer un consenso sanitario que preserve los proyectos profesionales de sus trabajadores, los proyectos empresariales y los resultados de salud", lo que, a su juicio, se consigue con tiempo y trabajando todos en una mismo dirección.
La entidad, sin ánimo de lucro y que tiene entre sus fines poner en valor la aportación privada al país, ha considerado que "es vital alejar la política sanitaria de la utilidad electoral a corto plazo".
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