MADRID. LAS CLÍNICAS DE INTERRUPCIÓN DE EMBARAZOS CONSIDERAN "ILÍCITAS" LAS "SOLUCIONES" QUE LA COMUNIDAD DA A LAS MENORES QUE QUIEREN ABORTAR

José Antonio Bosch Valero, abogado de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), dijo hoy en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid que las “soluciones” que se dan desde el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a las menores de 18 años que quieren interrumpir su embarazo son “ilícitas”.
Bosch, que compareció para hablar de la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad, dijo que Madrid es, “excepcionalmente, la única comunidad que da esta interpretación ilícita”.
Explicó que, “de manera verbal”, Madrid exige que estén padre y madre a la hora de autorizar que una menor aborte, a pesar de que en otras regiones, es suficiente el acompañamiento de alguno de sus tutores o progenitores.
Señaló que ”el problema del consentimiento informado de las menores de 18 años a la hora de la interrupción del embarazo, que surge tras la última modificación de la ley, viene siendo interpretado por el Sermas en el sentido de que necesariamente tienen que ir los dos progenitores para otorgar el consentimiento informado”.
Tras exponer que en Andalucía este tipo de conflictos se resuelve exigiendo una autorización notarial o declaración jurada del progenitor presente, destacó que este tipo de problemas se produce en “núcleos de mujeres bastante machacadas, en ambientes de marginalidad”.
Indicó que a este grupo de mujeres, “que de por sí ya tienen problemas, les creamos uno nuevo y les ofrecemos soluciones ilícitas”. Asimismo, manifestó que el 12,3% de las menores de 18 años que abortan tiene ese tipo de conflicto y dijo que sería necesario que hubiese instrucciones escritas que no existen. Citó casos “esperpénticos” como el de una joven de 16 años que “conoció en Sagasta –sede de Sanidad- a su madre”, ya que vive con su padre desde siempre.
También habló de mujeres que viven con uno de los progenitores sin conocer al otro y de extranjeras nigerianas que trabajan en la prostitución y no tienen más familia.
“La solución es muy fácil, si no hay instrucciones escritas, hagan lo que el resto de comunidades”, manifestó dirigiéndose a la Comunidad de Madrid.
Sobre este mismo asunto, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Daniel Álvarez Cabo propuso que la comisión de seguimiento informado del Sermas valore este asunto y lo dirima.
La diputada de Podemos Clara Serra dijo que la nueva ley de aborto afecta a las jóvenes “más vulnerables” al exigir el consentimiento a ambos tutores.
La diputada socialista Carmen Martínez Ten denunció la “dañina aplicación” de esa norma que afecta a “mujeres frágiles y marginales”.
Por su parte, la diputada del PP Nadia Álvarez Padilla dijo que la Comunidad cumple la legislación.