Los receptores de la mercancía no conocían ni la fiabilidad de su origen, ni su fabricación, ni si han pasado o no algún tipo de control médico, con los graves riesgos que esto conlleva para la salud de las personas que los consuman, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La investigación arrancó a finales de 2016 cuando los agentes de la Guardia Civil de la Oficina Fiscal del Aeropuerto de Alicante (ODAIFI) comenzaron a detectar una serie de envíos procedentes de la India, con diferentes destinatarios de las localidades de Daya Nueva, Los Montesinos, Sant Vicent del Raspeig y Alicante.
Los envíos fueron inspeccionados, en colaboración con los Servicios de Aduanas del aeropuerto de Alicante, y se localizaron en su interior gran cantidad de medicamentos con los principios activos sidelnafilo y tadalafilo, los mismos utilizados por un fámarco de color azul para restaurar la función eréctil deteriorada.
Las investigaciones determinaron que esos medicamentos no estaban registrados en la Unión Europea, y que tienen la consideración de ilegales. Además, han explicado que venían en una presentación en forma de 'blisters' y sin caja ni prospecto.
Por todo lo anterior, se establecieron diversos operativos de vigilancia para identificar y localizar a las personas que estaban detrás de los envíos.
Finalmente, la Guardia Civil ha intervenido un total de 21.000 medicamentos ilegales, con un valor de precio de mercado de unos 210.000 euros y ha detenido por ello a tres hombres, un belga de 29 años, un español de 39 y un hombre de origen chino, también de 39 años, vecinos de Daya Nueva, de Sant Vicente del Raspeig y de Alicante, como los destinatarios de esos envíos. Los tres han quedado a disposición judicial aunque investigados por tres delitos de contrabando y contra la salud pública.
La Guardia Civil alerta de que el consumo de este tipo de medicamentos constituye un grave riesgo para la salud, ya que se comercializan "sin haber sido sometidos a ningún tipo de control médico".
Su peligrosidad radica en que el principio activo podría tratarse de una sustancia susceptible de afectar a la salud de las personas, argumento apoyado en un informe emitido por el Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, que considera que los comprimidos retenidos "podían ser una sustancia peligrosa para el consumo humano al no ser un medicamento autorizado, pues se encuentra fuera de control sanitario y que no va dirigido a una persona expresamente autorizada para su comercialización".
En el caso de los investigados, los envíos con los medicamentos iban todos destinados directamente a estos tres particulares, quienes realmente no llegan a conocer "de forma" fiable su origen. Estas personas las recibían, tanto para venderlas de forma ilícita como para su consumo, "tomándolas sin consultar ningún tipo de prospecto y, sobre todo, sin dispensación farmacéutica, para ahorrarse el coste de adquirirlos en las farmacias".
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