Las clases de Islam en la ESO, los pastores jubilados y la aplicación de la Ley de sefardíes, retos del nuevo Gobierno

EUROPA PRESS

En concreto, el Ministerio de Educación tiene pendiente con la Comisión Islámica de España (CIE) la implantación a partir del próximo curso de la clase de religión islámica en la ESO y Bachillerato en los centros educativos de Ceuta y Melilla, que son los de su competencia.

Asimismo, el Gobierno deberá valorar si introducir en el Calendario Laboral de 2018 algunas festividades musulmanas como el día de la ruptura del Ayuno del Ramadán, Aid El Fitr, como festivo en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde residen más de 80.000 ciudadanos musulmanes, tal y como ha pedido la CIE. En toda España, viven cerca de 1,9 millones de creyentes de esta religión.

"Allí el porcentaje de población musulmana es muy alto. Es muy importante que se sientan bien arropados por los demás, no piden mucho, porque nosotros no tenemos más que dos fiestas, ya hay una reconocida -- la fiesta del Sacrificio, Idu al-Adha-- y ahora pedimos que sea la otra también", indicó a Europa Press el presidente de la CIE, Riay Tatary.

Entre las reivindicaciones de los musulmanes en España también destaca la de disponer de cementerios donde enterrar a sus familiares por el rito de enterramiento islámico. En este sentido, la comunidad islámica pide el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación con el Estado firmados en 1992.

Por otro lado, el futuro ministro de Justicia deberá plantearse si atender una reivindicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) que viene solicitando desde hace años una Ley de neutralidad religiosa que establezca "un estatuto común para todas las confesiones con igualdad de derechos y obligaciones".

Otra herida abierta en la comunidad evangélica es la situación de los pastores jubilados. Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenó a España por el caso del pastor Manzanas --que no había obtenido pensión de jubilación--, el Gobierno aprobó un Real Decreto sobre los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de estos ministros de culto.

Sin embargo, los protestantes aseguran que los pastores no podrán recibir la pensión en la práctica al exigirse unos requisitos que "ninguno puede cumplir". Por este motivo, la FEREDE interpuso el pasado 20 de noviembre de 2015 un recurso contencioso-administrativo contra dicho real decreto. Además, desde FEREDE indican a Europa Press que desde las Iglesias evangélicas se han presentado demandas contra el Gobierno español, caso por caso, la mayoría de las cuales han resultado favorables pero que el Ejecutivo las está recurriendo.

Por otra parte, con respecto a la comunidad judía, el nuevo ministro de Justicia se encontrará con una Ley ya aprobada y en funcionamiento sobre la concesión de la nacionalidad a sefardíes --los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492--, que deberá seguir aplicándose.

En el primer año de la ley --entró en vigor el 1 de octubre de 2015-- han obtenido la nacionalidad 4.538 sefardíes, de los cuales 4.522 la han obtenido por Real Decreto, 13 por residencia y tres por el nuevo procedimiento que establece la ley. Además, otros 406 sefardíes ya tienen el acta de notoriedad y se encuentran a punto de obtener la nacionalidad, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

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