La Junta remite a la Fiscalía hasta agosto 232 posibles casos de malos tratos a personas mayores

EUROPA PRESS

Así, y según los datos facilitados a Europa Press por el departamento que dirige María José Sánchez Rubio, los expedientes derivados a la Fiscalía provincial de Almería son 22 (9,4% del total), mientras que a la de Cádiz han sido 25 (10,7%); a la de Córdoba, 16 (6,9); a la de Granada, 36 (15,5%); a la de Huelva, 12 (5,1%); a la de Jaén, 16 (6,9%); a la de Málaga, 32 (13,7%); y a la de Sevilla, 73 (31,4%).

Además, de las 1.249 llamadas de usuarios denunciando la posible situación de riesgo de maltrato o abandono en la que se encuentra una persona mayor, 1.121 se refieren a posibles casos en el ámbito privado y 128 en el ámbito institucional, es decir, en centros de atención especializada para personas mayores.

Además, por sexo, las personas afectadas en el ámbito privado han sido principalmente mujeres, un total de 838 frente a 283 hombres, mientras que en el ámbito institucional, la mayor parte de las llamadas, un 46,09 por ciento, tienen que ver con un situación de maltrato que no afecta a la persona residente de un centro de atención especializada en particular sino que hace referencia a irregularidades o carencias que afectan al conjunto de estos.

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores, el 900 85 83 81, es un servicio prestado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, desde 2006. Se trata de un servicio público y gratuito al que puede acceder cualquier persona, ofrecido durante las 24 horas del día y los 365 días del año, y que desde su puesta en funcionamiento ha recibido 41.656 llamadas.

En cuanto a los objetivos que persigue, facilita información sobre los servicios y recursos en Andalucía para personas mayores; detecta situaciones de riesgo o maltrato que estos puedan sufrir, ya sean de carácter físico, psicológico, financiero o de cualquier tipo siempre que supongan una vulneración de derechos, promoviendo la investigación de los hechos y el establecimiento de los mecanismos de intervención más adecuados; y recoge quejas sobre el funcionamiento de centros de atención especializada e insta a los servicios de inspección correspondientes para su estudio e intervención.

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