La secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Purificación Gálvez, y el delegado territorial del ramo, Rafael López, han sido los encargados de dar a conocer las principales actuaciones incluidas en esta iniciativa, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros por parte del Gobierno andaluz durante el periodo 2016-2020, ha informado la Junta en una nota.
Según han explicado, los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad, promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad, reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras, mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
En líneas generales, el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente lleva a cabo la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas.
Se pretende así que las personas incluidas en esta categoría --actualmente 5.502 en la provincia--, desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos.
Asimismo, se seguirán fomentando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones: desde la administración autonómica andaluza a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del 'Tercer Sector' y universidades. Por parte de la Junta, han participado específicamente las consejerías de Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
IMPACTO EN LA PROVINCIA
Los representantes autonómicos han recordado que "el objetivo no es sólo dirigirnos a aquellas personas que ya tienen asignado un recurso, sino apostar por el impulso de políticas que eviten o retrasen la aparición de la dependencia. Y esto lo hacemos a través de nuestros centros de participación activa".
Para ello, en el caso de las personas mayores, las medidas se sustentarán en los once centros de participación activa que funcionan en la provincia de Huelva, con alrededor de 24.000 asociados que realizan anualmente unas 7.500 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo han obtenido la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito.
Por otro lado, según datos del centro de valoración de Huelva, alrededor del siete por ciento de la población onubense presenta algún tipo de discapacidad, siendo exactamente 37.285 las personas que tienen reconocido oficialmente en la provincia --18.939 mujeres y 18.346 hombres-- un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se estima además que seis de cada diez personas con discapacidad se encuentra en situación de dependencia (un 58,6 por ciento) y, a su vez, la mayoría de éstas (un 63 por ciento) son personas mayores de 65 años.
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