En concreto, se actuará en residencias, centros de día y pisos tutelados de 32 localidades, en los que se realizarán actuaciones que requieren "poca inversión", tales como dotación de equipamiento, reformas, adaptación o ampliación de dependencias o la finalización de obras, pero que son necesarias para su puesta en marcha.
En concreto, se trata de centros que dependen solo del equipamiento para poder abrir, poner plazas en el mercado y crear empleo; centros que necesitan poco dinero para terminar su obra y poder abrir; y centros que solicitaban la adaptación de plazas de autónomos a dependientes.
Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, José María Vergeles, que ha comparecido en rueda de prensa tras la firma del protocolo, junto a los presidentes de las instituciones provinciales, Miguel Ángel Gallardo, de la Diputación de Badajoz, y Rosario Cordero, de la de Cáceres, además de la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).
De esta forma, la Diputación de Badajoz destinará un total de 476.570 euros a las actuaciones previstas en los municipios de Valencia del Ventoso, Alconchel, Alconera, Puebla del Maestre, Higuera de Llerena, Villagarcía de la Torre y Zurbarán, que oscilan entre los 20.400 y los 122.0871 euros.
La Diputación de Cáceres destinará un montante de 440.300 euros en recursos ubicados en Calzadilla, Valencia de Alcántara, Salorino, Aceituna, Carbajo, Valdemorales, Santiago del Campo, Talaveruela de la Vera y Aliseda, donde se realizarán actuaciones que oscilan entre los 15.000 los 90.500 euros.
Finalmente, el Sepad invertirá 464.863 euros en intervenciones en Valencia de Alcántara, Cabezuela del Valle, Villarta de los Montes, Pescueza, Pozuelo de Zarzón, Piornal, Casillas de Coria, Herguijuela, Fuentes de León, Valdecaballeros, Gargáligas, Malpartida de Plasencia, Hinojal, Navezuelas, Ríolobos y Santibáñez el Bajo, que van desde los 1.017 hasta 111.265 euros.
FIJAR LA POBLACIÓN EN EL MUNDO RURAL
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que este acuerdo de colaboración es "un paso más" en el "compromiso de lealtad" suscrito al inicio de la legislatura con la Junta de Extremadura; al tiempo que ha resaltado que la unión de los recursos de las diferentes administraciones permite afrontar "todos los retos que se propongan".
Asimismo, ha destacado que esta medida está relacionada con el objetivo marcado de crear empleo en las zonas rurales con el fin de fijar residentes y evitar la despoblación de los pequeños municipios.
Por su parte, Rosario Cordero, ha destacado que la generación de empleo es "una manera muy práctica" de fijar la población al mundo rural, y en este sentido ha subrayado que en Romangordo, un municipios de algo más de 200 habitantes en el que es alcaldesa, la apertura de la residencia de mayores hace ahora 17 años ha contribuido al mantenimiento de la escuela.
Por otro lado, a preguntas de los periodistas a los presidentes de las instituciones provinciales por el informe de la Agencia Tributaria que sitúa a ocho municipios extremeños entre los 25 con rentas más bajas del país, Gallardo ha señalado que acuerdos como este que permiten la generación de empleo en el medio rural contribuyen a elevar la renta de los pequeños municipios.
En cualquier caso, ha subrayado que Extremadura cuenta con un condicionante histórico que en su opinión da como resultado informes como el de la Agencia Tributaria, en referencia a la emigración de gran parte de la población extremeña en los años 50 y 60, que afectó negativamente a la población, la renta y las "oportunidades" de muchos pueblos de la región.
En la misma línea, la presidenta de la Diputación de Cáceres ha resaltado el trabajo iniciado en el último año por la Junta de Extremadura en el que "ha vuelto a mirar a los municipios", al tiempo que ha defendido el papel de las instituciones provinciales como las administraciones más cercanas y conocedoras de la situación de los pueblos.
HABILITACIÓN EXCEPCIONAL PARA AUXILIARES
Por otro lado, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha anunciado que en unos días se publicará una orden por la que establece una habilitación excepcional para los profesionales mayores de 55 años con experiencia como auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores y cuidadores, y no han podido adquirir la cualificación o formación correspondiente, para que puedan continuará trabajando.
Se trata de una medida con la que la consejería pretende garantizar la estabilidad del empleo en el sector, según Vergeles, quien ha detallado que los requisitos que los solicitantes deben cumplir pasan por tener más de 55 años a fecha de 31 de diciembre de 2015 y que acrediten una experiencia de tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los diez últimos años.
La Consejería de Sanidad estima que esta habilitación excepcional alcanzará a unas 750 personas que actualmente están trabajando, pero también pueden acogerse profesionales que lo hayan hecho en algún momento en los servicios de atención a la dependencia.
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