En comisión parlamentaria, el consejero ha recordado el esfuerzo "enorme" que llevó a cabo el Gobierno andaluz y las universidades para establecer una carrera académica "sensata, razonable, con certidumbre y seguridad, ligada a la acreditación de méritos.
Pero ha criticado los cambios que introdujo el Gobierno central en 2001, cuando eliminó la tasa de reposición y sumó dificultades para la acreditación de méritos. "Esto fue un error", ha afirmado.
Tras esto, Ramírez de Arellano ha señalado que la ley actual establece que son los trabajadores y las universidades los que tienen que "desliar el lío y rehacer las garantías de la carrera académica". En esto, según ha señalado, la Junta tiene dos papeles: por un lado, dar cumplimiento a la proposición no de ley del Parlamento andaluz para que se actúe para dar una salida a esta situación y, por otra parte, acompañar los acuerdos que alcancen ambas partes.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha señalado que los espacios de negociación que existen "no son satisfactorios", por lo que ha cuestionado sobre los planes "inmediatos" para cambiar la "precariedad por seguridad y calidad en el trabajo en el ámbito de la universidad".
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