Junta anuncia un aumento del 66% del presupuesto para las Unidades de Igualdad de las universidades

"Creemos y apostamos por esta herramienta, que juega un papel capital en la prevención de la violencia de género y en la concienciación sobre la igualdad en la universidad", ha manifestado Arellano en comisión parlamentaria.

El consejero ha subrayado el compromiso de la Consejería de Economía y Conocimiento en la lucha contra "esta lacra que como sociedad estamos obligados a denunciar y erradicar". "Mientras que el Gobierno de España ha dejado de sostener a las Unidades de Igualdad, nosotros apostamos por ellas con mayores recursos aún", ha aseverado Arellano.

El consejero ha destacado que "nuestro propósito es sentarnos con todas las universidades para ver sus necesidades y poder cumplir sus objetivos". Se trata no solo de concienciar, sino también de avanzar en los protocolos anti-acoso, "para que defiendan y protejan a las víctimas y ofrezcan seguridad jurídica a todos los actores implicados en esta cuestión".

En este punto, Arellano ha puesto en valor el hecho de que todas las universidades andaluzas han trazado e implantado ya un protocolo anti-acoso, excepto la de Almería, que lo presentará de forma inminente. "Ahora es absolutamente necesario activar con contundencia estos protocolos desde todas las instituciones universitarias y exigir tolerancia cero en este tipo de casos", ha advertido.

No obstante, "únicamente con el trabajo de una unidad de igualdad en cada universidad y con un protocolo no se puede afrontar el problema". Para el consejero, este es "un asunto transversal" para el que es necesario concienciar a toda la comunidad universitaria, y "desde la Consejería de Economía y Conocimiento estamos trabajando a través del diálogo, la participación y el consenso con las Universidades, para avanzar sobre otras posibles medidas de prevención".

Desde el curso pasado, se han incorporado a las políticas universitarias iniciativas tales como un trato diferenciado y especial para las estudiantes víctimas de género, recogido en el decreto de precios.

En este sentido, el consejero ha manifestado que ya ha habido una reunión con las universidades andaluzas, de la que han derivado medidas concretas tales como impulsar la incorporación de la figura del técnico de promoción de igualdad de género a la RPT de las universidades; trabajar de forma coordinada para elaborar un catálogo de buenas prácticas; o trabajar con otras consejerías como la de Igualdad y Asuntos sociales o la de Justicia para diseñar mejoras de la repuesta al acoso.

PACTO DE ESTADO

Durante su comparecencia parlamentaria, el consejero Ramírez de Arellano ha manifestado que los centros dedicados a la generación y gestión del conocimiento deben estar regidos por un escrupuloso respeto a la igualdad.

En este sentido, Arellano ha hecho extensiva esta obligación al resto de instituciones públicas y privadas, y se ha sumado a la reivindicación de un pacto de estado contra la violencia machista, que "permita a las distintas administraciones actuar de manera coordinada ante estos distintos tipos de discriminación y violencias contra las mujeres".

En el marco de este pacto, "tendríamos que avanzar en la creación de protocolos, mecanismos, que protejan a las víctimas de este tipo de acosos, medidas para actuar con contundencia y eficacia ante una forma más de terrorismo", ha concluido el consejero.

IULV-CA Y PODEMOS

Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha pedido que se contemple la universidad como un espacio donde ocurre violencia machista y no solo como un espacio donde se estudia y analiza este asunto. De esta manera, ha pedido que se reconozca este punto y su origen en una sociedad patriarcal.

Asimismo, ha reclamado que se visualice el conflicto y se evalúe con medios científicos. En este mismo sentido, ha llamado a la no burocratización de este problema.

Por su parte, la diputada de Podemos Mari Carmen Lizárraga ha criticado la forma en que se llevó el caso de abuso sexual por parte de un catedrático de la Universidad de Sevilla a tres profesoras entre 2006 y 2010 y ha apuntado que los protocolo por si solos no reducen estos casos.