En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer de Lanzas recuerda que "hace 16 meses" que la juez dictó una providencia para requerirle que aclarara "unos extremos solicitados" por la Fiscalía Anticorrupción "en orden a la cuantificación" de la pensión alimenticia solicitada.
Al hilo de ello, señala que ya cumplió con el requerimiento realizado por la instructora, "sin que transcurrido ya un año y cuatro meses, se haya resuelto" sobre la petición de la pensión alimenticia, punto en el que asevera que la situación actual es "igual" que la de hace un año, por lo que resulta "perentorio" que la juez resuelva dicha solicitud "con carácter retroactivo".
"SIN DILACIÓN"
"Es más, los informes encargados" por la magistrada tanto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como a la Agencia Tributaria "no han esclarecido nada en orden a la improcedencia de acordar pensión de alimentos por haber hallados otras fuentes de ingresos", de ahí que "proceda acordarlos sin más dilación y con carácter retroactivo respecto de la fecha de la solicitud inicial".
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción no se opuso a la solicitud realizada por la esposa del 'conseguidor' de los ERE, "si bien, con carácter previo a la fijación de la cuantía,", solicitó que "se proceda a la comprobación de las rentas de cualquier tipo que perciban o pudieran percibir los miembros de la unidad familiar de la solicitante".
Fue en julio de 2015 cuando la mujer de Lanzas solicitó esta pensión de alimentos de 1.945,80 euros mensuales para poder hacer frente a los gastos "cotidianos" de una familia, ya que no tiene recursos económicos y vive de las aportaciones de la familia y, sobre todo, de las "pequeñas" pensiones que cobran los padres de Lanzas.
LA PETICIÓN
En su solicitud, consultada por Europa Press, el abogado de Patrocinio Sierra pone de manifiesto que, "al igual que está ocurriendo con otros imputados", tanto ella como su esposo "carecen de medios para subsistir" tras los embargos acordados contra ellos "por unos importes millonarios", pues la juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones a Lanzas y de 14,7 millones a su mujer.
La imputada, que solicitó a la juez una reducción del embargo, señala que "las propias piezas de responsabilidad civil tramitadas contra ellos delatan la situación de insolvencia en la que se encuentran, pues no solo se acordó el embargo de sus inmuebles sino el bloqueo de todas sus cuentas corrientes".
Todo ello "hace que incluso los recibos habituales de cualquier hogar --electricidad, agua, gas-- que se venían abonando con aportaciones de familiares, en una cuenta" de la imputada, "finalmente ante su último bloqueo primero y embargo después, tuvieron que ser trasladados a la cuenta de otro familiar con recursos, que se ocupa de este aspecto de su subsistencia con su propio peculio".
"En el momento presente ningún miembro de la familia tiene recursos económicos", alega la imputada, que recuerda que a Juan Lanzas "le llegaron a denegar, incluso, el subsidio de desempleo para liberados de prisión por entender el Servicio Público de Empleo Estatal que no cumplía el requisito de carencia de rentas", para lo que tomó como referencia la declaración del IRPF de 2012, "antes de su ingreso en prisión y bloqueo y embargo de todas sus cuentas".
"MINORACIÓN DE INGRESOS BRUTAL"
Esta resolución fue impugnada pero su pretensión fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 3 de Jaén, que le denegó "la excepcional figura de prestación de subsidio de desempleo de liberado de prisión, cuando persigue facilitar la reinserción", critica la imputada en su escrito, en el que señala que "los pocos jornales dados en su pueblo para tener algún tipo de ingreso --12 en total-- no fueron validados por la Tesorería General de la Seguridad Social para su admisión en el Reass, lo que habría permitido su contratación por otros empresarios agrícolas en su zona de residencia".
La imputada añade que ella "también ha intentado" trabajar en el sector agrario, comenzando en 2013 en fincas de su suegro, y logrando reunir 30 jornales, pero la Tesorería General de la Seguridad Social "la excluyó del censo agrario y de todo derecho a prestación así como posibilidad de trabajar con otros empresarios agrícolas" dado que "entendía que no eran jornadas reales, obviando que en 2013 se produjo en la familia una minoración de ingresos brutal", por lo que "resultó preciso trabajar en lo que se pudiera y donde se pudiera".
"Se vive sin recursos, sólo de las aportaciones familiares, en su mayor parte de los padres de su esposo que tienen pequeñas pensiones, y obtienen además un escaso rendimiento agrícola" de sus fincas, alega la imputada, que reclama una reducción del embargo, el desbloqueo de las cuentas y una pensión de alimentos de 1945,80 euros mensuales equivalente a multiplicar el módulo básico de subsistencia por los tres miembros de la familia.
La imputada, que aporta cargos por adeudos de los recibos de suministro de agua y comunidad de propietarios de su vivienda, recuerda que "otros imputados en macrocausas similares a ésta han obtenido durante la instrucción la liberación de fondos en cuantía suficiente para poder sufragar sus necesidades familiares más básicas, por cierto sin oposición del Ministerio Fiscal y sin la carga procesal de la búsqueda exhaustiva de empleo que se viene imponiendo, y que resulta exagerada en la presente situación de crisis económica".
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