Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, esta coordinación hará posible desarrollar un protocolo de actuación en aquellos casos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, se observe, en opinión de la autoridad judicial, una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la necesidad de una intervención.
Para esta consideración se tendrán en cuenta de manera especial las unidades de convivencia en las que hay menores, personas con discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o familias en la que todos los miembros de más de 18 años se encuentran en situación de desempleo.
Martínez ha dicho que el convenio es una de las medidas de prevención y análisis contempladas en el Programa de Garantía Habitacional puesto en marcha por la Dirección General de Vivienda. El objetivo es facilitar la adecuada intervención con las personas afectadas por parte de los servicios sociales.
Sus impulsores quieren que sea una "herramienta clave" para detectar y atender los casos de mayor necesidad que no sean conocidos por los servicios sociales municipales o autonómicos, y permitirá impartir formación en el turno de oficio y obtener datos verídicos sobre los desahucios de viviendas habituales.
Los datos que se pueden obtener a día de hoy son aquellos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial o el Instituto Nacional de Estadística, por lo que con este convenio se asegura la obtención de información de forma más directa y rápida.
El Programa de Garantía Habitacional del Principado, una de las medidas que el Gobierno asturiano ha puesto en marcha para atender a los ciudadanos en situación más desfavorecida, cuenta con una dotación de 22,6 millones para este ejercicio. Los desahucios llevados a cabo en Asturias durante 2016 descendieron en un 6,8% respecto al año anterior, según ha informado el Principado.
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