MADRID. EDUCACIÓN CONFÍA EN QUE EL CURSO QUE VIENE EMPEZARÁ CON UNA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES

- Asegura a cada universidad una financiación mínima igual a la de 2011 o 2017. La Consejería de Educación espera que la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) entre en vigor en el curso 2018-2019, según declaró este viernes el titular del departamento, Rafael Van Grieken.
Según explicó, su intención es que el curso que viene (2018-2019) se pueda tener ya una nueva ley de universidades que dé estabilidad al sistema y “garantice un modelo de financiación estable”, que es lo que las universidades demandan para “dar el salto de calidad”.
El borrador presentado hoy contempla una inversión básica para las universidades equivalente al menos a la de 2011, el año de mayor gasto hasta la fecha, o a la de 2017, ejercicio en el que algunas alcanzaron la mayor financiación en términos nominativos.
“En cualquier caso, se garantiza a cada universidad la inversión máxima registrada durante el período”, precisó Van Grieken.
Esta financiación básica se verá complementada con una financiación por objetivos, que se articulará mediante contratos programa plurianuales, y con una financiación en inversiones.
Según Van Grieken, “la ley prevé un plazo de seis meses desde su aprobación para que la consejería acuerde con cada institución el contrato programa que definirá su marco de financiación”, que por supuesto deberá estar sujeto a una evaluación externa y cumplir con estrictos criterios de transparencia.
La novedad que este borrador presenta respecto a la normativa anterior es que la administración negociará con cada universidad los criterios que definirán su plan plurianual, con lo que los objetivos variarán en función de las particularidades –fortalezas y necesidades— de cada una de ellas.
Así, por ejemplo, Educación puede querer impulsar los títulos en inglés para fomentar la internacionalización del sistema y habrá muchas universidades que acepten este criterio como objetivo, pero es posible que otras, como la universidad de Alcalá, prefieran aumentar su oferta de posgrado en español, dada su especial vinculación con el ámbito iberoamericano y con la enseñanza del idioma.
RUMBO A LA ASAMBLEA
En su intervención, Van Griekenn destacó que “la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) ha dado el visto bueno” a la tramitación de este borrador como anteproyecto de ley, una vez que sus recomendaciones fueron incorporadas a la versión publicada en marzo.
No están de acuerdo al 100% en la Consejería, pero en general valoran el esfuerzo de diálogo realizado y esperan al trámite parlamentario para la introducción de enmiendas.
Sindicatos, universidades privadas, claustros, asociaciones de estudiantes y colectivos profesionales han realizado también sus aportaciones al texto propuesto por la ConSejería.
Desde Educación apuntan que el Consejo de Gobierno podría aprobar el actual borador en noviembre para su posterior remisión a la Asamblea, donde se tramitaría como proyecto de ley.
Este será el momento de que los diferentes grupos presenten sus enmiendas y, de acuerdo con las previsiones del ejecutivo, la ley podría estar lista para el curso siguiente.