Así se ha pronunciado el Defensor en declaraciones a los periodistas en Sevilla al ser preguntado sobre la situación de
"las 25 familias del barrio de Palmeras en Córdoba a las cuales la Junta ha cursado una orden de desalojo".
"Tenemos muy claro el planteamiento, en la vivienda pública tiene que haber un control y una adjudicación basada en baremos sociales", reitera Maeztu, que añade que el que "no se ágil" el proceso de adjudicación o que la gente "no sepa que se va a adjudicar y que parezca que está vacía invita a que haya una ocupación ilegal".
Por tanto, "nosotros advertimos que debe haber un control y que la familia que la va a ocupar tenga una alternativa ocupacional porque no puede haber casa sin gente y gente sin casa", al tiempo que apuesta por el hecho de que los procesos de adjudicación "sean rápidos y eficaces".
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