La directora general de Política Social, Ana Isabel Méndez, y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Feli Lois, han acusado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, de "querer ocultar con titulares la realidad de la capital cántabra", donde, a su juicio, "se localiza la mayor bolsa de pobreza de Cantabria".
Además, han tildado de "vergonzoso" que el Ayuntamiento de Santander "haya rechazado 500.000 euros" que le ofreció el Ejecutivo regional para que atendiese las necesidades básicas de las familias que están pasando por mayores dificultades en Santander, "porque dice que no tiene personal suficiente para gestionarlo".
En su opinión, el Consistorio "quiere ocultar, así, su negligencia y su falta de compromiso con las personas que se encuentran en una situación de emergencia".
"Es vergonzoso que Santander no haya querido aceptar el fondo extraordinario de suministros básicos que el Gobierno de Cantabria, por primera vez en 2016, le ha ofrecido por importe de 500.000 euros, para atender debidamente la pobreza que no se atiende debidamente en la ciudad más grande de Cantabria", ha dicho Méndez, quien ha asegurado que el Ayuntamiento "no ha querido hacerse responsable de esta situación".
Lois y Méndez han explicado que el Gobierno decidió trasferir medio millón de euros a la capital cántabra a la vista de los datos, que a su juicio, "deberían haber removido la conciencia de los alcaldes de la ciudad hace mucho tiempo".
Así, han precisado que, según los datos del Ejecutivo, Santander en 2016 contaba con más de 14.500 personas sin ingresos o con ingresos muy bajos. Y además, "es una de las ciudades con una tasa de pobreza y exclusión social más alta y con menor atención desde los Servicios Sociales", han señalado.
"Es el Gobierno de Cantabria quien está atendiendo a la pobreza y a las necesidades de las personas de Santander que pasan por situaciones de dificultad económica", han afirmado ambas directoras, que critican que los sucesivos alcaldes "miran continuamente para otro lado, atribuyendo al Gobierno de Cantabria una competencia que es suya".
En este sentido, Méndez recuerda que tanto la ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 26, como la de Servicios Sociales de Cantabria de 2007, "les atribuye la competencia de atender la emergencia social".
Destacan además que en 2016 el Gobierno de Cantabria destinó 2,9 millones de euros a través del ICASS con los que se financió el contrato a 28 técnicos medios y dos psicólogos, el servicio de ayuda a domicilio, el de teleasistencia, los programas complementarios y los apartamentos tutelados; y el Ejecutivo destinó otros 280.359 euros al pago de las ayudas de emergencia social a personas residentes en Santander.
Además, la directora del ICASS considera "lamentable leer declaraciones de una alcaldesa que marca como cometido principal de un trabajador social el ser tramitador de ayudas". "Si ese el concepto que tiene la máxima autoridad local del trabajo social y de la labor de sus técnicos 'aviados' estamos", ha apostillado.
ABOCHORNA ESCUCHAR A LA CONCEJALA
Para Lois y Méndez es "vergonzoso" que el Ayuntamiento, que cuenta con "excelentes profesionales" en Servicios Sociales, "no dé respuesta a las necesidades básicas de miles de personas que no tienen suficientes recursos para vivir y sean las ONG y las parroquias quienes tengan que hacerlo".
A su juicio, "abochorna escuchar" a la concejala de Servicios Sociales, María Tejerina, reconocer en el último Pleno que en 2016 "sólo han atendido a 418 solicitudes de ayudas de emergencia social", mientras derivaban al Gobierno peticiones para gastos básicos de alimentación, vestido, calzado, suministros eléctricos y de gas, de ciudadanos santanderinos. "En ese mismo pleno, Tejerina ha llegado a reconocer expresamente que derivan a los ciudadanos de Santander con necesidades al Gobierno de Cantabria, que invirtió 350.045,7 euros en 2016, que se ahorró el Ayuntamiento", afirman.
"Sin el más mínimo rubor la concejala reconoció en el pleno que a pesar de que el Ayuntamiento de Santander tiene su propio fondo por importe de medio millón de euros, año tras año los informes de ese fondo certifican que tan sólo se gasta la mitad, reconociendo por tanto que el Ayuntamiento de Santander tan sólo destina anualmente a la pobreza 246.045,47 euros", han precisado.
NEGLIGENCIA Y FALTA DE COMPROMISO
Según Méndez y Lois, la alcaldesa, "centrándose en problemas de personal de los servicios sociales ha querido desviar la atención de su negligencia y falta de compromiso con las personas que pasan por mayores dificultades".
"Es cierto que Santander tiene un problema de personal en los equipos sociales", ha reconocido Méndez, que ha explicado que es un "problema antiguo, de su competencia y que en ningún momento ha querido abordar", y ha explicado que el Gobierno lleva un año diciendo al Consistorio que tiene que solucionarlo ya para poder dar respuesta a las necesidades de la ciudad.
"Están saturados y se ven incapaces de atender todas las demandas básicas y no se está interviniendo seriamente con las familias y menores en riesgo de desprotección que lo necesitan", afirman.
Según dicen, "son demandas que le han hecho los propios profesionales a la concejala de Servicios Sociales durante los últimos años y que hasta ahora no han sido atendidas", como "también han demandado la implantación de un programa informático que facilite el trabajo de los trabajadores sociales para tener más tiempo para la atención directa y tampoco ha sido atendido", ha revelado Méndez.
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