El Consejo de Ministros anunció el pasado viernes 7 de julio la creación de esta comisión, que estará formada por catorce integrantes: cuatro designados por el Gobierno; uno por cada grupo parlamentario; y tres por cada agente sociales (UGT, CCOO y CEOE). Así, los ecologistas han pedido al Gobierno que "también integre a algunos de sus expertos", así como a representantes de las asociaciones de consumidores.
Según han explicado las ONG, es "imprescindible reforzar el enfoque de sostenibilidad medioambiental" de la citada comisión para "garantizar que tanto las personas, como el planeta, están en el centro de las propuestas energéticas" que ahí se estudien.
Para los conservacionistas, sin su presencia en este grupo de expertos, "se perdería el tiempo en ejercicios que mantendrían los intereses de las grandes empresas energéticas", lo que, a su juicio, "seguiría poniendo en peligro los derechos constitucionales a la salud y del medioambiente".
"El Gobierno no puede seguir ignorando nuestra voz ni nuestra experiencia", según han continuado las organizaciones, al tiempo que han reivindicado que la transición hacia un sistema energético "eficiente, inteligente y cien por cien renovable es viable técnicamente y beneficiosa económicamente". Asimismo, las ONG han insistido en que la "urgencia" de la lucha contra el cambio climático "debe ser el primer marco de referencia, tanto para la planificación energética, como para la nueva ley".
Los ecologistas también han destacado que "incluso la Unión Europea señala el papel vital de la participación de la sociedad civil en los planes integrados de clima y energía", por lo que ven "inconcebible" que el Gobierne les "deje fuera".
Los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible. El grupo de especialistas tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. Más tarde, el Gobierno deberá enviar el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.
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