"La tortura y el maltrato continuados de los detenidos en relación con el conflicto es un motivo de grave preocupación, pero reconocemos el genuino compromiso y los esfuerzos del Gobierno para afrontar esta cuestión", ha señalado el representante especial de la ONU para Afganistán, Tadamichi Yamamoto.
El informe se sustenta en las entrevistas a 469 detenidos de este tipo realizadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 en 62 centros de detención administrados por la Dirección Nacional de Seguridad (NDS), la Policía nacional y otros cuerpos de seguridad.
Más de un tercio de los entrevistados ofrecieron relatos creíbles de haber sido objeto de torturas o malos tratos, según el informe de la ONU. En el caso de los detenidos por la Policía, más del 45 por ciento dijeron haber sido torturados o maltratados, el nivel más alto documentado por UNAMA desde que comenzó a analizar este problema en 2010.
En el caso de los detenidos por la NDS, el 26 por ciento fueron objeto de tortura o maltrato. Además, de los 85 menores detenidos entrevistados, 38 ofrecieron relatos creíbles de haber sido objeto de este tipo de trato durante su tiempo bajo custodia de las fuerzas afganas.
La mayoría de quienes fueron objeto de tortura lo fueron para extraerles confesiones y, según han contado, estas pararon una vez lo hicieron. "Muchos de los entrevistados no entendían o no podían leer lo que estaba escrito en la 'confesión' que firmaron o rubricaron con su huella", ha resaltado el informe.
"LA TORTURA NO REFUERZA LA SEGURIDAD"
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha resaltado que "como deja claro este importante informe, la tortura no refuerza la seguridad". "Las confesiones extraídas como resultado de la tortura son totalmente poco fiables. La gente dirá cualquier cosa para detener el dolor", ha subrayado.
En este sentido, "es esencial que haya una monitorización adecuada de las instalaciones de detención en Afganistán e investigaciones significativas para garantizar que los acusados de tortura son llevados a juicio y rinden cuentas por este horrible delito". "Garantizar la rendición de cuentas para tales actos envía un fuerte mensaje y ayuda a evitar futuras violaciones", ha remachado.
Por otra parte, el informe da la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno afgano de poner en práctica su plan de eliminación de la tortura, promulgado en febrero de 2015, mediante la aprobación de leyes y el establecimiento de mecanismos de supervisión de los Derechos Humanos en los centros de detención.
En este sentido, se recomienda al Gobierno afgano que se respete plenamente la prohibición del uso de la tortura y los malos tratos, que haya investigaciones imparciales e independientes de los casos de este tipo denunciados y que quienes los cometieran sean llevados ante la justicia y condenados conforme a la legislación nacional. En el caso de las víctimas, el informe pide que tengan acceso a reparaciones por los años sufridos.
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