La ONU ha hecho balance para concluir que los principales damnificados de las persistentes tensiones políticas siguen siendo los casi dos millones de gazacíes. El bloqueo terrestre, aéreo y marítimo de Gaza ha provocado que casi 1 millón de personas dependan de la asistencia alimentaria, según la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA).
La situación política y de seguridad en la Franja sigue siendo volátil y las dos grandes facciones palestinas --Hamás y Al Fatá-- no han logrado sellar una reconciliación que se ha traducido en una marcada división entre los gobiernos de Cisjordania y Gaza. La Autoridad Palestina de Mahmud Abbas sigue siendo el interlocutor de Israel y de la mayor parte de la comunidad internacional.
La enemistad palestina ha agudizado el aislamiento y ha complicado la prestación de servicios básicos a la población local, como ha quedado de manifiesto recientemente con nuevos recortes que han dejado a la población con apenas tres horas de suministro eléctrico al día.
Israel ha reducido este mes el apoyo eléctrico a Gaza --en un 40 por ciento-- por los impagos anunciados por la Autoridad Palestina, que recrimina a Hamás su falta de colaboración. El partido-milicia, por su parte, alega que las autoridades israelíes ya recaudan en frontera "más que suficiente" para sufragar dicho suministro.
La única central de la Franja cerró en abril, víctima de las disputas internas sobre la financiación y los impuestos, y tan sólo ha podido reanudar su actividad parcialmente gracias al combustible enviado hace unos pocos días por Egipto.
SIN APENAS AYUDA
La UNRWA ha denunciado que, en 2016, Israel denegó un 31 por ciento de las solicitudes realizadas por organizaciones para prestar ayuda en la Franja, frente al 4 por ciento de 2015, y ha lamentado que el aislamiento se haya extendido también al paso fronterizo de Rafá (Egipto), el único que no controla Israel y que abrió 44 días el año pasado.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha mostrado una especial preocupación por el futuro de 186 instalaciones imprescindibles que contribuyen al sanemiento, la atención sanitaria o la recogida de resudios y que funcionan gracias a un combustible de emergencia cuyas reservas se agotarán en octubre de 2017.
La mayoría de las familias sólo recibe agua entre seis y ocho horas una vez cada cuatro días, debido a los problemas energéticos, mientras que las plantas desalinizadoras operan al 15 por ciento de su capacidad. Los problemas de suministro han derivado también en el vertido diario al Mediteráneo de 108 millones de litros de residuos sin tratar.
El retraso en los envíos desde Cisjordania y los problemas de financiación han provocado que el principal almacén de medicamentos se haya quedado sin el 34 por ciento de los productos "esenciales", al tiempo que se ha paralizado el programa de evacuación de más de 1.400 pacientes.
DESTRUCCIÓN
Dos años y medio después del conflicto armado de 2014, que causó una destrucción y pérdida de vidas sin precedentes en la zona, 6.750 familias de refugiados siguen desplazadas y decenas de miles de viviendas aún no se han podido reconstruir, ha alertado la UNRWA.
Además, desde el último enfrentamiento librado por las fuerzas israelíes y las milicias palestinas, los 22.000 funcionarios dependientes del Gobierno gazací han recibido menos de la mitad de su sueldo y de forma irregular. Los 62.000 funcionarios que dependen de la Autoridad Palestina han visto cómo sus salarios han mermado entre un 30 y un 50 por ciento desde marzo de este año.
Los servicios de emergencia operan en la Franja a menos de un 45 por ciento de lo que debería ser su capacidad normal como consecuencia de los recortes en personal y equipos, según los datos recabados por la OCHA.
El coordinador humanitario de la ONU para los Territorios Palestinos, Robert Piper, ha aprovechado las últimas medidas contra el suministro eléctrico para recordar que la población gazací "no debería ser rehén de la larga disputa intena palestina" y reclamar a las tres partes directamente implicadas --Hamás, Al Fatá y Gobierno israelí-- que antepongan el bienestar de los ciudadanos.
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